Sevilla (EFE).- La sanidad andaluza continúa siendo uno de los principales problemas para los andaluces -reconocido por el propio Gobierno autonómico-, un asunto que la oposición ha utilizado como ariete pero que el Ejecutivo autonómico asegura que se resolverán en esta legislatura y al que se le dedican año a año presupuestos históricos.
El pasado noviembre, durante el debate sobre el Estado de la Comunidad, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reconoció que existen «problemas serios» en el ámbito de la sanidad andaluza, especialmente sobre las listas de espera, aunque pidió no crear alarma porque el sistema está «mejor» que cuando asumió la Presidencia.
Este reconocimiento de la existencia de problemas, que no ha sido el único realizado por el Gobierno del PP en los últimos tiempos, ha ido acompasado, no obstante, de «inversiones históricas» en los distintos presupuestos autonómicos, pero que no han evitado las protestas del personal sanitario, sindicatos y los partidos de la oposición.
Presupuestos históricos
Los presupuestos de sanidad para 2024 ascienden a 14.246 millones de euros, lo que significa que del global para el próximo año un 30,5 por ciento se dedica exclusivamente a esta materia, prácticamente un tercio del total, y supone el 3 por ciento más que lo que se destinó el pasado año y el 45 por ciento más que en 2018, últimas cuentas socialistas.
Además, la plantilla sanitaria ha aumentado de 90.000 profesionales a 125.000 y se han acometido nuevas infraestructuras sanitarias, concretamente una partida de casi 557 millones de euros para obras de reformas y nuevas construcciones, lo que supone un incremento del 32 % respecto a 2023 y un 334 % más que en 2018.
El Gobierno andaluz se agarra a las cuentas pero la oposición achaca los problemas a la gestión, y por ello lleva desde el pasado mes de mayo reclamando la celebración de un debate general en el Parlamento andaluz que la Mesa de la Cámara, controlada por la mayoría del PP, sigue negando de manera permanente.
Desde las filas populares reiteran que no es necesario la celebración de un debate general y recuerda el ingente número de horas que la consejera de Salud, Catalina García, ha intervenido en el Parlamento tanto en preguntas orales, como comparecencias e interpelaciones. Las protestas continúan
Mareas blancas
No obstante, las convocatorias han seguido produciéndose. El pasado 20 de octubre se celebró la última, convocada por las Mareas Blancas, en las ocho capitales andaluzas con presencia de colectivos sociales y partidos de izquierda, y tuvo su precedente en marzo de este año y con anterioridad en noviembre de 2022, aunque esta estuvo protagonizada mayoritariamente por profesionales sanitarios.
Los problemas en la atención primaria, que empezaron a evidenciarse tras la pandemia, no se han resuelto y la aprobación de la orden de tarificación que abría las puertas a la concertación de ese servicio y ofrecía la posibilidad de utilizar instalaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por médicos privados supuso un punto de inflexión.
La presión sufrida por el Gobierno andaluz desde todos los sectores de la Sanidad para que retirara dicha orden hizo que la istración sanitaria diera marcha atrás, aunque desde las organizaciones y sindicatos denuncian que los acuerdos alcanzados sobre esta primera instancia de atención aún no se han cumplido.
El Gobierno andaluz dio marcha atrás poniendo una línea roja en la atención primaria, probablemente condicionado por las numerosas movilizaciones.
El aumento de las listas de espera
Tras los problemas de la atención primaria, y para seguir con la presión del sistema sanitario, se conocieron las listas de espera de especialistas y quirúrgicas. Estaban siendo demandadas por la oposición de manera insistente. Y pusieron de manifiesto que experimentaron un espectacular aumento en el último año.
Andalucía es la región con más pacientes en espera -1.045.106-, de los que 841.731 aguardan ver al especialista en consulta. Y 203.375, una intervención quirúrgica. Uno de los datos más llamativos es que en tan solo un año casi se ha triplicado el número de pacientes fuera del plazo legal. O aquellos que están esperando más de un año una intervención quirúrgica.
La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, consideró, no obstante, que con respecto a 2018 -último año de Gobierno socialista-, el sistema sanitario andaluz «funciona muy bien y genera actividad». Algo que se traduce en más listas de espera, y recordó que la «herencia envenenada» del PSOE sigue «perjudicando a Andalucía».
El Gobierno andaluz recuerda que cuando el PP llegó a la Junta en 2018 el 60 % de las listas de espera estaban «escondidas en un cajón». Y que había 462.000 andaluces esperando para una consulta externa. Y 78.000 para una intervención quirúrgica, algo que «influye directamente en lo que está pasando ahora».
La izquierda acusa de querer privatizar la Sanidad
Y todo ello, según denunciaron los partidos de la oposición, pese a que la Junta firmó un acuerdo de conciertos por valor de 734 millones de euros con las clínicas privadas durante cuatro años con el fin de aliviar al sistema público, un plan de choque contra el que cargaron tanto la oposición como los sindicatos.
Desde ambos ámbitos se acusó a la Junta de «privatizar» la sanidad pública, un extremo negado por el Gobierno andaluz. Recordó que se veía obligado a adoptar esta decisión ante la ausencia de médicos. Motivo por el que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) podía derivar pacientes a otras provincias andaluzas. Pero también podía derivarlos a comunidades limítrofes.
La Junta lleva años demandando un incremento de las plazas MIR para poder combatir el déficit de profesionales sanitarios. En los próximos diez años está prevista la jubilación de 6.800 profesionales. La educación.
La otra «apuesta» social
La educación es otra de las materias en las que la oposición critica la gestión del Gobierno andaluz pese al aumento de efectivos. 130 maestros adicionales de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, hasta alcanzar más de 7.500. Y 150 profesionales de Personal Técnico de Integración Social (PTIS), para totalizar casi 3.000.
En el actual curso se produce un descenso del número de estudiantes, sobre todo en el segundo ciclo de Infantil y Primaria. Con alrededor de 17.000 alumnos menos, y en Secundaria también bajan los matriculados en casi 3.000.
Desde la oposición, especialmente desde la izquierda, se denuncia «el maltrato y los recortes» por parte del gobierno andaluz, que han provocado «el peor inicio de curso de la historia». Más de 2.000 aulas cerradas, una subida de ratio «descomunal».Y un incremento de precios de actividades complementarias a las familias. Con falta de personal suficiente para los alumnos con necesidades específicas y especiales (PTIS), y sin que se cubran las vacantes.
800 millones en ayudas
Desde la Consejería de Educación se pone el acento en que ha destinado más de 800 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en este curso. Incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, de los libros de texto, con una inversión de más de 93 millones, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementarios o el transporte escolar.
De igual forma, los servicios complementarios se amplían con 31 centros más que ofrecen aula matinal, 20 nuevos centros autorizados para el comedor escolar. Y seis centros más ofertarán actividades extraescolares.
En total, 2.310 centros ofrecerán a las familias servicios complementarios. La previsión de s del comedor escolar es de 220.000 alumnos, 137.710 en aula matinal y 90.800 en extraescolares. Y el transporte escolar será utilizado por 96.000 estudiantes.
Asimismo, casi el 65 % de las familias tiene alguna bonificación en el comedor escolar -el 45 % de ellas con gratuidad total-. El 54 % en el aula matinal y más del 46 % en actividades complementarias. EFE
