Córdoba, (EFE).- La defensa legal de la familia de uno de los dos militares fallecidos ahogados el pasado 21 de diciembre durante unas maniobras en la base de Cerro Muriano (Córdoba) han pedido la prisión provisional para los tres mandos -un capitán, un teniente y un sargento- a los que investiga el juez militar que lleva el caso.
Concretamente, en el escrito remitido por los letrados del militar fallecido Miguel Ángel Jiménez al Tribunal Militar 21 de Sevilla, competente para la investigación mientras lo confirma la Audiencia Provincial, y consultado por EFE, se pide la «prisión preventiva, comunicada y sin fianza». Para los tres mandos acusados por ahora de un presunto delito contra la eficacia del servicio.
Argumentan en su escrito que debido a la «fase embrionaria» de la investigación, la imposición de la prisión es necesaria «como medida preventiva». Para «no perturbar la investigación» y evitar la «destrucción de posibles elementos probatorios» o la «perturbación de testificales».
En este sentido, consideran que el objetivo se centra en la «salvaguarda» de los «materiales» o «documentos». Como escritos o gráficos, para que no se destruyan «o desaparezcan».
Finalmente, en el escrito también defienden la existencia de un delito de «ilícito penal» en la muerte de los dos militares. Y aseguran que el juez militar recoge en un auto que el caso «no sólo tiene una apariencia delictiva». Sino que de forma «provisional» puede tener un carácter «penal» contra la eficacia del servicio, según la Ley Militar.
Vista de Robles a Cerro Muriano
El pasado viernes la ministra se reunió de nuevo con los compañeros de los dos militares fallecidos. Para reiterarles «que saben que tienen la obligación de colaborar con la justicia. De tener el máximo rigor en decir la verdad de todo lo que ocurrió aquel terrible día».
Margarita Robles ya visitó la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X el pasado 4 de enero para conocer el lugar del suceso. Y mantener un encuentro con los mismos militares, a los que instó entonces a que dijeses «la verdad» ante el juez «sin reservas». Y que contasen «lo bueno y lo malo».
«Es lo más importante para que no haya ninguna sombra de duda de lo que pasara y si hay responsabilidades hay que asumirlas», ha enfatizado la ministra, que ha querido remarcar que «solo y exclusivamente corresponde a la Justicia determinar responsabilidades».
Para Robles, «los demás pueden especular, pueden hablar, pueden pensar, pero en un Estado de Derecho los únicos que dictaminan las responsabilidades son los jueces».
Por este caso se encuentran imputados por un presunto delito contra la eficacia del servicio por el Tribunal Regional Militar 2 de Sevilla, que se ha hecho cargo del caso aunque la Audiencia Provincial de Córdoba aun no ha resuelto los recursos contra la inhibición del Juzgado de Instrucción número 4, el capitán que dirigía el ejercicio, que fue separado del mando tras el suceso, un teniente y un sargento. EFE
