Sevilla, (EFE).- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha instado este miércoles a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a iniciar las actuaciones para recurrrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto sobre el reparto de migrantes menores a las comunidades.
La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha anunciado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la decisión del Ejecutivo andaluz de recurrir el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
El Gobierno andaluz considera un «agravio» el reparto de menores migrantes, se «invaden» las competencias de las comunidades y el Ejecutivo central no aporta los fondos suficientes para poder atender a los menores, según España.
Los fundamentos del próximo recurso son la invasión de competencias por parte del Gobierno, según la consejera, quien ha añadido que la decisión adoptada este miércoles supone el «pistoletazo de salida» del recurso, de forma que cuando sea efectivo se conocerán las cuestiones por las que se presenta.
Deslealtad absoluta
Preguntada sobre si hay un cálculo de cuánto puede suponer para Andalucía acoger a esos nuevos menores, la también consejera de Economía ha dicho que no se ha calculado exactamente esta situación aunque ha recordado que para los casi 600 migrantes que se «colaron por la puerta de atrás» al considerarlos menores cuando eran mayores de edad, tuvo un coste de 17 millones.
«Y que nosotros sepamos no ha habido ni una sola constatación por parte del Gobierno», ha señalado España, quien ha añadido que la Junta va a seguir insistiendo en que la distribución planteada por el Gobierno es «de una deslealtad absoluta» desde el momento en que en la comisión sectorial no se informó de esta distribución.
Por el contrario, según la portavoz del Gobierno, desde el Ejecutivo central se «pactó» con Junts para que a Cataluña solo fueran 26 menores migrantes, una cifra que contrasta con los casi 800 que llegarían a Andalucía.
Ha indicado que el Gobierno andaluz, desde el primer momento, iba a acatar la ley pero que también se iba a poner esta decisión en manos de los servicios jurídicos, porque el acuerdo del Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo va a contra la Constitución sino contra el Estatuto de Autonomía.
Recursos de acogida al 96%
La consejera se ha preguntado cómo es posible proceder a este reparto sin hablar con las comunidades autónomas y con una ausencia de medios y de infraestructuras, una previsión que «brilla por su ausencia» en manos del Gobierno porque los recursos de acogida en Andalucía están ya al 96 por ciento.
El reparto «injusto» de menores migrantes provoca un desequilibrio y pone en riesgo el sistema de distribución de los menores que «colapsa y revienta el sistema», ha recalcado la consejera, quien ha añadido que en el caso de Andalucía la infraestructura está «al límite». EFE
