Las Palmas de Gran Canaria, 22 sep (EFE).- Vecinos del barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria denuncian el «abandono institucional» al que entienden que el Gobierno español somete a los cientos de migrantes albergados en el «Canarias 50», un antiguo cuartel que opera desde hace tres años como centro de primera acogida y que ahora el Estado planea consolidar con esa función.
Así lo han puesto de manifiesto este viernes varias decenas de vecinos de este popular barrio de la capital grancanaria a cuenta de una convocatoria informativa convocada por el grupo del PP en el Ayuntamiento ante una de las puertas de este centro, que en la actualidad tiene capacidad para albergar a 1.600 personas.
La diputada nacional y portavoz del principal grupo de la oposición en el Consistorio de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha expresado el rechazo de su partido al plan que tiene el Ejecutivo español en funciones para consolidar estas antiguas instalaciones militares como centro de acogida de migrantes, dadas las «consecuencias» que considera que ello tendrá para la ciudad y para La Isleta.
El PP critica el «oscurantismo» con el que se ha decidido de esta iniciativa, que supondrá una inversión de unos 19 millones de euros, ha dicho, y que «no se ha consultado ni con el resto de istraciones públicas canarias ni con los vecinos».
A su juicio, las obras se han declarado de interés general «para evitar la normativa municipal, que impide el uso de este espacio para esta cuestión, ya que el Plan General de Ordenación» de la ciudad lo destina «a zona verde, de esparcimiento e, incluso, para atender asuntos sociales del barrio».
El PP se opone a que el centro se consolide
Delgado ha anunciado que el grupo popular exigirá a la alcaldesa, la socialista Carolina Darias, en el próximo pleno municipal «que impida que el Canarias 50 se convierta en un centro permanente de acogida de migrantes y que lo revierta en la ciudad y en el disfrute de los vecinos.
«Que deje ya de engañar a los vecinos de La Isleta, a quienes el anterior alcalde del PSOE, Augusto Hidalgo, les prometió en 2019 que el Canarias 50 iba a ser una zona de ocio y deporte, lo que tiene todo el sentido del mundo porque este barrio ha ido creciendo y adolece de dotaciones públicas, como pueden ser éstas», ha referido.
La edil del PP ha negado que su partido se oponga a este centro de acogida «por xenofobia o por ir en contra de la inmigración» y ha subrayado que durante los años en que ha operado como tal de forma temporal «se han producido problemas de convivencia» con los vecinos debido, fundamentalmente, a los protocolos que se aplican a sus s, tales como cerrar las puertas a partir de cierta hora, lo que lleva a muchos a tener que pernoctar en la calle.
Esta situación genera «unos problemas vecinales» a los que el PP entiende que el Ayuntamiento, «que tiene una deuda con este barrio, tiene que poner solución».
Los populares consideran que en Las Palmas de Gran Canaria hay otros espacios, como el barrio de El Lasso, «más alejados de las zonas urbanas», donde el Gobierno de España podría ubicar este tipo de centros de primeras llegadas, una decisión que ha de enmarcarse «en una política migratoria» que considera que «no ha existido».
Vecinos enfadados con el centro
Un grupo de vecinos ha aprovechado la convocatoria promovida por el PP para denunciar ante los periodistas la «inseguridad» que aseguran que genera la presencia en las calles de La Isleta de algunos de los s de este centro de acogida, quienes, según han detallado, «defecan y orinan, se pelean entre ellos, ocupan viviendas y las alquilan a otros, roban, beben, se droga, hay prostitución», lo que les impide deambular con libertad a partir de ciertas horas.
Así lo ha relatado Raúl Morales, de origen latinoamericano y residente en La Isleta desde hace años, quien ha asegurado que «es imposible la convivencia» con muchos de los migrantes acogidos en este centro.
«No tienen en cuenta los derechos de los vecinos, nos tienen abandonados. Los inmigrantes llegan a las 02.00 horas, cuando todos estamos durmiendo, para que no nos demos cuenta. La puerta del centro la abren a las 09.00 o 10.00 horas y todo el mundo sale, solo regresan a desayunar, comer y cenar, el resto del tiempo lo pasan en las aceras, en nuestros parques, cerca de nuestras viviendas, por lo que no podemos salir», ha referido.
Una realidad que contrasta con la visión que tienen de este asunto otros vecinos del mismo barrio, como Elena Rodríguez, quien ha expresado «que hay muchos problemas, frentes abiertos e irresponsabilidad en torno a las personas migrantes».
A juicio de Rodríguez, un centro de acogida «debe de cumplir unas condiciones que permitan a estas personas vivir en paz, a los vecinos igualmente, pero la solución no es ni ponerlos alejados, en zonas periféricas, ni que vivan gran cantidad de ellos en el mismo lugar».
Ciudadanos que sí se sienten seguros
«Hay múltiples experiencias, desgraciadamente tristes para todos, y hay que buscar soluciones porque hay problemas reales de convivencia con algunas personas que están en estos centros y hay que buscar soluciones para que puedan tener un trato y una ayuda distinta porque, a lo mejor, pueden tener adicciones, como cualquier persona», ha manifestado.
Esta vecina no cree que todos los s de este centro provoquen problemas de convivencia, que ha estimado que pueden darse en su entorno, ya que ella vive desde que nació en este barrio, «el más seguro del mundo», por el que, como sus hijas, transita «a cualquier hora sin que nunca» les haya pasado «absolutamente nada».
Elena Rodríguez asegura que en este tipo de macrocentros «existe un maltrato institucional constante» hacia los migrantes y aboga por que se habiliten otros de menor capacidad, donde se les atienda mejor.
Al mismo tiempo, ha apelado a la «responsabilidad» que considera que tienen los vecinos, «no sólo para exigir que se cumplan sus derechos, sino también los de estas personas». EFE
