Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El magistrado Carlos Millán, candidato al Consejo Consultivo de Canarias y presumible próximo presidente de esté órgano de control de legalidad de las leyes autonómicas, ha propuesto al Parlamento cambios en la ley que regula esta institución, entre ellos que pueda emitir informes sobre los presupuestos, única ley de la que está excluido.
Millán, propuesto por el PP, ha sido verificado como idóneo para el puesto, al igual que el resto de candidatos para el Consejo Consultivo: Julio Pérez y Francisca Luengo por la cuota del PSOE, María Cristina de León, promovida por CC, y José Juan Suay, respaldado por NC-BC.
Los candidatos, que serán nombrados por el pleno del Parlamento de Canarias tras el visto bueno de la Comisión de Gobernación, han expuesto sus trayectorias profesionales y vitales ante los diputados y han sido apoyados por todos los grupos parlamentarios excepto Vox, que se ha abstenido.
Carlos Millán consideró que es preciso un cambio normativo para que el Consejo Consultivo sea competente en cuanto al examen jurídico del proyecto de ley de presupuestos autonómicos con dos objetivos primoridales.
El primero, garantizar su adecuación a los objetivos de regla de gasto y déficit público y el segundo evitar que se utilice esta ley presupuestaria para introducir reformas sustanciales en el ordenamiento jurídico, las cuales deben seguir otros cauces.
El magistrado, que ya presidió el Consejo Consultivo en 2005, se mostró además partidario de introducir mejoras en el funcionamiento de este órgano estatutario para resolver de forma más eficaz los asuntos de legalidad istrativa, que se han incrementado «de forma espectacular».
Propuso modernizar los sistemas electrónicos de tramitación de los expedientes, facilitar el a sus dictámenes por parte de la comunidad jurídica, actualizar la página web y promover su presencia social.
En particular, subrayó la importancia de que el Consejo Consultivo en los foros nacionales e internacionales.
En cuanto a la actualización de la Ley del Consejo Consultivo, que data de 2002 aunque ha sido modificada en 2011, 2012 y 2019, defendió cambios en algunos artículos y la supresión de alguna disposición, y citó en concreto las previsiones relativas a las leyes de iniciativa legislativa popular y el Reglamento del Parlamento de Canarias. EFE
