Santa Cruz De Tenerife (EFE).- La empresaria Belén Arencibia, apoderada de una empresa supuestamente involucrada en el caso mascarillas, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación en el Parlamento canario tras alegar que «no tiene conocimiento del problema que se va a debatir aquí».
Belén Arencibia es apoderada de Baremar, una empresa que presuntamente recibió 272.000 euros procedentes de los 4 millones recibidos del Servicio Canario de la Salud (SCS) por la compraventa de mascarillas por parte de RR7, sociedad de la que es su esposo, Rayco Rubén González.
«No tengo conocimiento del problema que van a debatir aquí y me acojo al derecho de no declarar», ha sido la única intervención de Arencibia en la sesión de la comisión parlamentaria de investigación, última del actual periodo de sesiones, y en la que los portavoces de los distintos grupos han detallado sus preguntas a la compareciente para que constasen en acta.
Por ello el portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha enunciado sus preguntas, entre ellas si la compareciente tiene formación y experiencia en el sector sanitario, si sabe si el dinero transferido por RR7 se empleó en la compra de dos vehículos de alta gama y si conoce a los excargos del SCS Conrado Domínguez y Ana María Pérez, así como al llamado «mediador», Marco Antonio Navarro Tacoronte.
Esther González, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha interrogado a la compareciente por la razón de la transferencia efectuada por RR7 y si la empresa Baremar proveyó de material sanitario a la primera o si ambas pertenecen a un mismo grupo empresarial.
El diputado popular Fernando Enseñat ha indagado en si su pareja le hizo comentarios relacionados con la compra de material sanitario en su momento, pues istraba una empresa dedicada a la importación de vehículos, y si no le sorprendió «el trato de favor» por parte del entonces director del SCS Conrado Domínguez cuando dio una segunda oportunidad a RR7 pese a haber hecho una primera entrega de 900.000 mascarillas que resultaron ser falsas.
El nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez ha criticado «el exceso de cortesía» que puede dar la impresión de que los diputados están «encantados de que venga gente a no decir nada a esta comisión», para añadir que hay quienes están trabajando denonadamente para que la labor de indagar la responsabilidad política en este caso sea «verdaderamente inútil».
Ha precisado que se ha citado a Belén Arencibia no por ser la mujer de Rayco González sino por haber tenido un papel clave en la supuesta simulación de prestación de créditos societarios más allá del comentario «chusco» de que ese dinero «escamoteado» se utilizase para comprar coches de lujo, cuyo robo fue denunciado posteriormente.
También ha cuestionado a Arencibia por cuál es su situación procesal, si ha sido detenida y si es investigada y bajo qué cargos y si se ha puesto de acuerdo con Rayco González respecto a su «no declaración de hoy».
Para finalizar su intervención José Alberto Díaz-Estébanez ha leído parte de un escrito de la Unidad contra el Delito Económico y Fiscal que concluye que Rayco González creó un entramado societario para blanquear el cobro de los 4 millones de euros por parte del SCS para un millón de mascarillas que jamás se entregaron, y para el que utilizó a familiares directos con el fin de canalizar los flujos obtenidos de la istración pública «por una actividad delictiva, es decir, una estafa».
Por el grupo Socialista Miguel Ángel Pérez del Pino ha preguntado a Arencibia si tiene un papel activo en las empresas citadas y por qué concepto recibió la transferencia de 272.000 euros por parte de RR7, además de cuestionar si ó el presidente Ángel Víctor Torres, el también director del SCS Antonio Olivera o algún otro alto cargo para intentar conseguir un trato de favor.
También ha interrogado a la apoderada de Baremar si sabía si la oferta sobre la que RR7 sustentó su oferta de compra de mascarillas era real y ha reiterado que a la comisión parlamentaria sólo le corresponde el cometido de identificar responsabilidades políticas en este asunto, pero tiene «el deseo y la esperanza» de que la Justicia esclarezca lo ocurrido, actúe con contundencia y caiga todo el peso de la ley sobre quienes se beneficiaron de esta cuestión. EFE
