Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Samuel Machín, supuesto comisionista en la compraventa de un millón de mascarillas defectuosas al Servicio Canario de la Salud (SCS) por 4 millones de euros, que este organismo nunca recibió, ha asegurado que no cobró cantidad alguna de la empresa RR7 por su mediación en la operación.
Machín ha comparecido en la comisión parlamentaria de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia de covid-19, y ha sido selectivo a la hora de responder las preguntas formuladas por los diputados de los grupos representados en la Cámara.
Ha rehusado hacer uso de su primer turno de intervención de diez minutos y se ha acogido a su derecho de no declarar a no ser que considerara «conveniente responder a alguna pregunta», y así lo ha hecho, a instancias de Jesús Ramos (Agrupación Socialista Gomera) y de Javier Nieto (Vox), para negar que cobrara cantidad alguna de la supuesta comisión de 100.000 euros que había pactado.
Machín ha explicado que formalizó un contrato con RR7 por su mediación pero no se lo devolvieron firmado ni recibió cantidad alguna.
Preguntado por si se sintió estafado por esta empresa ha afirmado: «trabajar, trabajé como el que más para que llegaran esas mascarillas que tanto hacían falta en el momento que estábamos (…) RR7 es otro asunto, del que se tienen que encargar ellos. Yo no cobré», ha reiterado.
Este intermediario ha sido irónico al ser preguntado por el único de RR7, Rayco González, al señalar «¿quién es esa persona?», y se ha quejado de lo publicado en prensa, entre otras cosas los mensajes que supuestamente se cruzaba con aquel en los que lo llamaba ‘hermanito’.
«El daño que me ha hecho la prensa ha sido bastante grande, tergiversando todo», ha recalcado.
Ni una palabra ha dicho al ser preguntado por los diputados por su relación con el exdirector del SCS Conrado Domínguez y quien fuera directora de recursos económicos de Sanidad, Ana María Pérez, así como con los empresarios Rayco González, Oswaldo Lastras o Lucas Cruz.
Fernando Enseñat, del PP, ha conminado sin éxito al compareciente a responder a sus preguntas por una «obligación moral», ya que de no hacerlo incurre en «una falta de respeto a los canarios».
Ha cuestionado a Machín por cuáles fueron «los socios, los colaboradores necesarios» en el seno del Gobierno de Canarias para que se formalizara esta operación de compraventa fallida de un millón de mascarillas por 4 millones de euros; o por su relación previa con el ámbito sanitario siendo un profesor de educación física.
Enseñat también le ha preguntado «quién le dio el poder» a Conrado Domínguez «para hacer y deshacer» cuando por entonces «no tenía que ver con Sanidad», pero se trata del «hombre fuerte» del expresidente Ángel Víctor Torres en esa área, y si el exdirector del SCS o «alguien más» del ejecutivo se llevó alguna comisión.
Vidina Espino, del grupo Nacionalista, ha mostrado al compareciente un diagrama o croquis del «círculo de amistad» entre éste y los otros intermediarios, Conrado Domínguez y Ángel Víctor Torres, al que ha denominado «el máximo responsable de todo esto», sin conseguir arrancar una respuesta.
Espino, que le ha conminado a dar su versión de los hechos al considerar que todo ha sido tergiversado por los medios de comunicación, con idéntico resultado negativo, ha recuperado una entrevista suya a un medio local en el que dijo que había cobrado 6.000 euros «por un año de trabajo», y que en la querella de la Fiscalía figuran tres transferencias por importe de 7.000 euros.
Nira Fierro, del grupo Socialista, ha llamado a respetar el derecho a no declarar y se ha quejado de que «algún diputado o diputada bordea la línea entre las opiniones y lo que preguntan» y se dedique a «juzgar silencios» con «temeridad política».
Frente a los «círculos de amistad» aludidos por Vidina Espino, Fierro ha hablado de «círculos de relatos interesados sin aportar un dato o sin reflejar la realidad» de los hechos.
Ha contextualizado la situación de emergencia en que se produjo la compra de material sanitario en la peor parte de la pandemia de covid-19 y ha subrayado que de los 1.300 contratos formalizados por el Gobierno de Canarias solo el de RR7 tiene un procedimiento istrativo vivo de reclamación patrimonial.
Fierro ha obtenido de Samuel Machín una sonrisa de incredulidad por toda respuesta a la pregunta de si no le sorprendió que Oswaldo Lastras le ofreció 50.000 euros de comisión por su mediación «cuando lo podría hacer él solo».
