Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este lunes iniciar la tramitación del proyecto de Ley de Empleo Público del archipiélago, una norma que viene a actualizar un marco legal que data de 1987 y con el que busca poner a la región en la realidad que se tiene hoy en día en materia de funcionariado.
La consejera de Presidencia, istraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que ahora se inicia un «complejo» proceso en el que se buscará concitar el máximo consenso posible en torno a la futura normativa, que busca mejorar y actualizar la istración pública canaria para que sea «fiel reflejo de la sociedad actual».
En la declaración de intenciones del Gobierno de Canarias se incluye una serie de reivindicaciones de carácter general que venían demandando los trabajadores públicos de la comunidad autónoma, como el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, que data de 2015 y que no se había completado en Canarias; afrontar y desarrollar el reto de la carrera profesional dentro de la istración, y la valoración del desempeño del trabajador.
Sobre el desarrollo profesional del empleado público, Barreto ha indicado que esta es una «demanda histórica» del funcionariado, ya que les permite ascender dentro de la istración, entre otras cuestiones, algo que requiere de ficha financiera que este proyecto de ley pretende incluir.
En cuanto a la valoración del desempeño, «permitirá a la comunidad autónoma evaluar al empleado público en la carrera profesional», según la consejera.
Barreto: «40 años después, renovaremos el marco legal»
«Cuarenta años después, Canarias contará con una nueva Ley de Empleo Público para actualizar nuestra istración Pública, que sea fiel reflejo de la sociedad actual, compromisos estos que se han postergado durante todo este tiempo», ha defendido Nieves Lady Barreto.
Esta futura norma ya se incluía en la disposición sexta del decreto-ley 7/2024, de 31 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la istración Pública de Canarias, que establecía un plazo máximo de seis meses para que se iniciara este procedimiento.
Con esta toma en consideración en el Consejo, se inicia este lunes el primer paso para tener un borrador de ley de una norma que la consejera ha itido «compleja» porque tendrá una tramitación «larga y complicada en varios aspectos en los que habrá que buscar consenso entre diversas partes», por lo que no ha aventurado una fecha en la que pueda ponerse en marcha, si bien espera que pueda ser en esta legislatura.
Para conseguir el mayor consenso posible, en los próximos días la Consejería dictará una orden en la que establecerá el diseño del proceso de participación que ha de seguirse en la tramitación del proyecto de ley.
Consulta pública a la población
Se hará, ha avanzado la consejera, una consulta pública previa a la ciudadanía, tal y como exige el citado decreto-ley y la legislación vigente en materia de iniciativas legislativas de este tipo, en el que la población tendrá 20 días hábiles para presentar sugerencias sobre cómo conformar la normativa.
También desde ya, la Consejería comenzará a mantener reuniones con las demás istraciones públicas canarias -Federación Canaria de Municipios y Federación Canaria de Islas-, con las universidades del archipiélago y con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Negociación del Empleo Público de Canarias.
Igualmente, se constituirá un comité técnico con personal experto en las istraciones públicas canarias y en el ámbito de la ordenación, planificación y gestión del empleo público.
Todo ello para empezar a dar forma a «quizás el reto más importante que teníamos por delante en este departamento cuando asumimos el Gobierno de Canarias», ha concluido Nieves Lady Barreto. EFE
