Santander (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la ley de memoria de Cantabria, aprobada en el Parlamento autonómico por PP y Vox, que acusan al Ejecutivo central de «avasallar» y «deslegitimar» a las instituciones democráticas.
La decisión, por el contrario, ha sido defendida por la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, quien ha destacado que el Ejecutivo central tiene «la responsabilidad institucional de mantener viva la memoria de la resistencia frente a la barbarie».
También han respaldado el recurso el PSOE que lo considera una «defensa de los intereses de los cántabros ante un atropello del PP revisionista» e IU que lo ve «una oportunidad para deshacer los impulsos de abrazar las posiciones de la extrema derecha» de los populares cántabros.
La ley de memoria histórica y democrática de Cantabria fue aprobada en la pasada legislatura con los votos favorables de PRC y PSOE, que apoyaban al Gobierno regional, en el Parlamento autonómico, mientras que contó con el rechazo de PP, Cs y Vox.
«Menoscaba» la ley de memoria estatal
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que el Ejecutivo cántabro rechazó la posibilidad de negociar un acuerdo y evitar el recurso en la Comisión Bilateral de Cooperación.
En su recurso, el Ejecutivo central argumenta que la ley de derogación de la norma «menoscaba» el cumplimiento de Ley de Memoria Democrática (LMD)».
En concreto, sostiene que la ley de Cantabria «no hace una derogación técnica o aséptica de la legislación autonómica de memoria democrática, sino que elimina todas las previsiones de la Ley de Memoria Democrática autonómica».
«Deroga totalmente el estatuto jurídico de las víctimas, así como las previsiones de colaboración que permitían la efectiva aplicación de la ley estatal», agrega.
Igualmente destaca que el dictamen mayoritario del Consejo de Estado aprecia «la procedencia de la impugnación de la totalidad de la ley» y que, por tanto, «resulta procedente la impugnación».
«Deslegitima» al Parlamento de Cantabria
Para el PP cántabro el recurso supone «otro gesto autoritario más» del Gobierno español, que, a su juicio, «está cogiendo gusto a esto de avasallar a todas las instancias democráticas del país».
“Queremos que Cantabria mire al futuro con naturalidad y con optimismo, y no al pasado de las heridas, la confrontación y los duelos”, ha señalado en un comunicado el senador autonómico y diputado regional del PP de Cantabria, Íñigo Fernández, quien ha defendido que el mismo derecho que asistió al Parlamento de Cantabria para aprobar esa ley en 2021, «le asiste ahora para derogarla”.
Fernández ha considerado «bueno» derogar una ley que «abre heridas y enfrenta a la sociedad” y ha acusado al PSOE de «busca dividir a los cántabros como ha hecho con su propio partido, que lo tiene roto en dos».
Desde Vox, su portavoz parlamentaria, Leticia Díaz, ha sostenido argumentos similares al acusar al Gobierno de España de intentar «deslegitimar la voluntad democrática» del Parlamento autonómico.
«Se trata de una nueva muestra del autoritarismo del Gobierno socialista, que persiste en su afán de dividir a los españoles con el uso partidista de la historia», ha criticado.
«Protección» de la memoria histórica
La defensa del recurso ha venido desde la delegada del Gobierno quien ha apostado por «recurrir a todos los medios del Estado de Derecho para proteger la memoria democrática y la dignidad de las víctimas del franquismo».
Eugenia Gómez de Diego ha defendido la necesidad de garantizar el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria histórica, que, ha incidido, «busca reparar el daño a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura».
El líder de los socialistas cántabros también ha defendido una decisión con la que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez «cumple con sus compromisos con Cantabria y con una democracia plena». «La democracia en Cantabria sufre cuando el PP legisla en los intereses de unos pocos y no de la generalidad», ha manifestado Pablo Zuloaga.
Lo mismo ha hecho IU que ve el recurso «una oportunidad para deshacer los impulsos del PP de abrazar las posiciones de la extrema derecha», con una ley que «suprime todas las medidas de protección de las víctimas», ha criticado la responsable de Memoria Histórica de la formación en Cantabria, Verónica Montero.
