Toledo (EFE).- Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves la Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, con los votos a favor del PSOE y del PP y la abstención de Vox en la mayoría del articulado, salvo en los puntos enmendados a los que ha votado en contra.
Durante el debate parlamentario, el Gobierno de Castilla-La Mancha y los grupos socialista y popular han pedido a Vox que reconsidere su rechazo a la ley por ser «falso» que establece una «paguita» para diputados y altos cargos que cesen y porque supone más transparencia y cerrar una estructura jurídica para su garantía.
Así lo ha puesto de manifiesto en el pleno de las Cortes el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, quien ha defendido que esta norma impulsa y garantiza la integridad en la gestión de la istración de la Junta, sus organismos y entidades .
La Ley de Integridad cierra la estructura jurídica de la comunidad
Ha valorado, además, que supone cerrar la estructura jurídica al completar la normativa que comenzó a aplicarse en este sentido desde el año 1984 y que, a su juicio, ha contribuido a que «la corrupción no haya sido noticia nunca».
Asimismo, ha destacado que la nueva ley pone a Castilla-La Mancha «en el nivel más alto de exigencia de este país» con novedades como la regulación de los conflictos de interés, labores de control, informes sobre la evolución del patrimonio de los altos cargos o la obligación de presentar una declaración responsable.
Por todo ello, ha pedido el apoyo «de todos» a esta ley y ha desmentido que, tal y como sostiene Vox, vaya a suponer un coste de 20 millones de euros.
De heho, ha precisado que se podrán acoger a la prestación tras el cese quienes no puedan reingresar a su puesto de trabajo anterior, pero en el caso de los 132 altos cargos que existen en la actualidad, el 54 por ciento son funcionarios y, del resto, el 45 % tendrá derecho a volver a su puesto de trabajo en empresas o entidades.
PSOE y PP, de acuerdo
En la misma línea, la portavoz del grupo socialista, Ana Isabel Abengózar, ha señalado que Castilla-La Mancha no comienza ahora su andadura a la hora de ser transparentes ante la ciudadanía porque existe normativa anterior, si bien ha recalcado que la Ley de Integridad Pública viene a adaptar la normativa autonómica a los nuevos tiempos y a dotar de un marco normativo «acorde al siglo XXI» y a las exigencias de la sociedad.
Abengózar también ha dicho a Vox que está a tiempo de dejar la «demagogia» y cambiar su sentido del voto y ha considerado que tanto el PSOE como el PP han estado «a la altura de las circunstancias» en la tramitación.
De igual forma, la diputada regional del PP Tania Andicoberry ha manifestado que «lo indecente e inmoral es tanta demagogia de Vox», al tiempo que ha reivindicado que todas las personas tengan derechos y también las que se dedican a la política.
Para el grupo popular, ha apuntado Andicoberry, esta ley es una buena herramienta para «la lucha contra el fraude y contra la corrupción» en el seno de la istración regional, así como reivindica la integridad pública y pone «luz y transparencia» a todos los gestores de la vida política.
Vox acusa de «indecencia»
Sin embargo, el parlamentario de Vox Luis Juan Blázquez ha insistido en que su grupo estaba de acuerdo con el texto primitivo del anteproyecto pero que su rechazo viene dado sobre todo por una de las enmiendas conjuntas de PSOE y PP para establecer lo que ha denominado una «paga VIP o paguita» para los políticos y un «retiro dorado» para altos cargos que ha cifrado en un coste de 20 millones al término de cada legislatura.
Blázquez lo ha tildado de «indecente e inmoral», sobre todo en un momento en el que lo pasan mal las familias castellanomanchegas, y le ha reprochado al PP que «se preste a estos juegos» del PSOE.
