Ciudad Real (EFE).- Una carta anónima recibida en la Comandancia de la Guardia Civil y en el juzgado de Almadén (Ciudad Real) en la que se implicaba en algunas irregularidades a un guardia civil conocido en la localidad minera como ‘El abogado’, fue el detonante que propició la investigación interna que ha acabado en el juicio contra ese agente.
En concreto, se le imputan los delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental, por los que la Fiscalía pide para él la pena de 15 años y medio de prisión.
Junto a este guardia civil, también se juzga a otros cuatro acusados que se enfrentan a las penas de entre seis y dos años de prisión, por distintos delitos relacionados con este caso.
Los testigos, los primeros en declarar
Durante la primera sesión del juicio celebrada este lunes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real se ha producido el interrogatorio de los testigos, puestos que los abogados defensores han pedido al presidente del tribunal del jurado que el interrogatorio de los acusados se celebre en último lugar.
Entre los principales testigos que han declarado este lunes ha destacado la del mando de la Guardia Civil que actuó como instructor del caso.
A preguntas de las partes, este agente ha revelado que la investigación se inició a raíz de una carta que llegó tanto a la comandancia de la Guardia Civil como al juzgado de Almadén.
En la misiva, su autor afirmaba que había escuchado una conversación entre otras dos personas que hablaban de que este guardia civil «había dado información de un procedimiento de separación de una persona que tenía una quesería, y que se dedicaba a hacer trámites para vehículos de seguros y transferencias».
En la carta, ha recordado el instructor, «se referían a él como ‘el abogado'», porque su mujer era abogada.
La carta, que no tenía remitente, llevó a los agentes a iniciar gestiones para comprobar si lo que se decía era real o no.
El acusado hacía consultas sin justificación
En este sentido, el oficial de la Guardia Civil ha afirmado que el agente accedía al Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO) a cambio de favores o recompensas y ha asegurado que se comprobó que este agente «realizaba un montón de consultas que no tenía justificación».
De hecho, «había consultas que se habían realizado cuando él no estaba ni siquiera de servicio, estaba de vacaciones o descanso semanal o en situaciones fuera de servicio» y ha asegurado, además «no tenían justificación policial».
La fiscal ha mantenido su convencimiento de que los acusados en este juicio son culpables de los hechos de los que se les acusa y ha lamentado que «atacaron seriamente y directamente el prestigio, la buena imagen y la reputación y el recto funcionamiento del cuerpo de la Guardia Civil».
La defensa apela al régimen disciplinario de la Guardia Civil
Por su parte, el abogado defensor del principal encausado ha defendido que su cliente es inocente de los hechos que se les acusado.
Y en el caso de que hubiera incurrido en alguna infracción, cree que se le debería sancionar de acuerdo al régimen disciplinario interno de la Guardia Civil, por lo que hubiera recibido una sanción, pero «ahora no estaría sentado aquí y no habría cumplido un mes en prisión preventiva».
El abogado del guardia civil ha recordado que la carta anónima que propició esta investigación desencadenó la actuación policial que se denominó ‘Cinabrio’, que acabó con 17 personas detenidas por una supuesta red de corrupción en Almadén, se ha sustanciado en cinco investigados, por lo que ha ironizado al señalar que solo han quedado «el jamón, el guarrillo y la montería».
El resto de los abogados defensores también han mantenido que sus clientes no son culpables de los hechos de los que se les acusan.
Además, han argumentado en algunos casos que las conversaciones que constan en el procedimiento no están reproducidas de forma completa, lo que no contextualiza los hechos.
