Valladolid/Madrid (EFE).- Castilla y León figura en el décimo puesto del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, un informe que en 2023 la ubicaba en el séptimo puesto y que ahora sitúa a la Comunidad de Madrid a la cabeza por quinto año consecutivo, mientras que coloca a la cola a Cataluña, con el doble de impuestos autonómicos que las demás comunidades.
El índice, hecho público este viernes, lo elabora anualmente la Fundación para el Avance de la Libertad, con sede en Madrid, y la Tax Foundation, de Washington DC (EEUU), de carácter liberal, con el objetivo de comparar los diferentes sistemas fiscales y servir de «guía» a los gobernantes para hacer su mapa tributario «más competitivo y atractivo para empresarios y residentes».
El estudio mide los impuestos de los diecinueve territorios españoles con autonomía tributaria (todas las comunidades autónomas, menos Euskadi, y las tres provincias vascas por separado).
En el caso de Castilla y León, el informe le concede una calificación de 6,08 puntos, lo que representa 0,17 puntos más entre la situación de 2017 y 2024, lo que le sitúa en décima posición, una por encima del último informe.
Reconoce el documento específico sobre Castilla y León que esta Comunidad ha emprendido varias reformas en los últimos siete años, como diferentes deducciones en impuestos como el de Sucesiones, especialmente la de 2021, con la introducción de una bonificación del 99% para los herederos de primeros grados de consanguinidad.
Además, recuerda que en diciembre de 2022, Castilla y León rebajó medio punto el tipo impositivo mínimo del Impuesto sobre la Renta en su tramo autonómico, del 9,5% al 9%, y en febrero de 2023 aumentó la deducción para las familias numerosas de categoría general a 600 euros, a 1.500 euros para las familias de cuatro hijos y a 2.500 euros para las familias de 5 o más descendientes, entre otras rebajas fiscales.
Recomendaciones a Castilla y León
Entre las recomendaciones que lanza este informe a la Junta de Castilla y León figuran la reducción de los tipos impositivos de todos los tramos del IRPF en 1 punto, con un tipo impositivo máximo del 20,5%, para alcanzar un tipo marginal máximo conjunto estatal y autonómico del 45%, parecido al de Reino Unido.
Además, plantea «deflactar todos los años de forma automática todos los tramos de IRPF y los mínimos personales y familiares con la inflación».
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones los promotores de este informe proponen eliminar los coeficientes multiplicadores en función del grado de parentesco y patrimonio preexistente y a los grupos III y IV aplicar las mismas bonificaciones y reducciones que las aplicadas actualmente a los grupos I y II.
Derogar el Impuesto sobre el Patrimonio o bonificarlo al 100% o al menos aumentar el mínimo exento a tres millones de euros es otra de las propuestas de este documento, que igualmente promueve establecer el tipo de gravamen de Actos Jurídicos Documentados en el 0,5%-0,75%, eliminar los tramos en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) y establecer un tipo único del 7%.
Por último, recomiendan eliminar el impuesto sobre la afectación ambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada.
Madrid a la cabeza, Cataluña a la cola
La Comunidad de Madrid encabeza por quinto año consecutivo el Índice autonómico de competitividad fiscal, un informe que sitúa a la cola a Cataluña, con el doble de impuestos autonómicos que las demás comunidades.
Madrid encabeza la lista con 7,24 puntos sobre diez, seguida por Vizcaya, Álava y Guipúzcoa; y en quinta posición se mantiene Andalucía (6,44 puntos), por delante de Canarias, con 6,31.
El informe destaca este año el fuerte avance de Extremadura, que pasa en un solo ejercicio de la decimoquinta a la séptima posición (6,22 puntos). La Rioja también adelanta dos posiciones respecto a 2023, situándose en el octavo puesto.
En la parte baja de la tabla se sitúa Cataluña; a pesar de no prorrogar a 2024 la subida del impuesto sobre el patrimonio aprobada en 2022, destaca el informe, su puntuación no mejora.
Asturias baja un puesto, hasta la posición decimoctava, y el estudio lo achaca a la falta de reformas. «Los asturianos son, con diferencia, quienes más pagan» por el impuesto de sucesiones, destaca.
En ese furgón de cola también se sitúa Aragón, que baja un puesto, hasta la decimoséptima posición, al introducir dos nuevos impuestos medioambientales; y la Comunidad Valenciana, a pesar de que sube dos posiciones tras modificar el impuesto sobre Patrimonio y Sucesiones.
Castilla-La Mancha, por su parte, baja al quinto puesto por la cola «por la falta de reformas» y las mejoras de Baleares, Extremadura, Cantabria y el adelanto de Navarra, explican los autores del índice.EFE
