Valladolid (EFE).- Las Cortes de Castilla y León han rechazado este miércoles, con los votos del PP, Vox y los dos procuradores no adscritos (ex de Vox), tramitar la proposición de ley presentada por el PSOE sobre Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso del Final de su Vida, con un contenido similar a la aprobada ya en diez autonomías y que ha contado con el respaldo del resto de parlamentarios de la oposición.
El procurador socialista Diego Moreno ha defendido ante el pleno de las Cortes que esta normativa «nada tiene que ver con la eutanasia» regulada ya a nivel nacional, sino que pretende «ahorrar dolor y sufrimiento» a los enfermos y «dar garantías jurídicas» para los profesionales sanitarios, mientras que la procuradora del PP Paloma Vallejo ha argumentado su oposición porque «siembra muchas dudas» y se acerca a la regulación de la eutanasia.
En su exposición inicial, Moreno ha remarcado que este tipo de regulación ya vigente en otras autonomías, también algunas gobernadas por el PP, «no obliga a nadie» a ejercer estos derechos.
Moreno ha recordado que el origen de esta propuesta está en la anterior legislatura, cuando PP y Ciudadanos llegaron a un acuerdo para regular los derechos de los pacientes ante la muerte, pero finalmente no fue tramitada al acabar la legislatura por el adelanto electoral.
Ante esa situación, el exvicepresidente de la Junta y actual procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea (ex de Cs), presentó al inicio de esta legislatura una proposición de ley que reiteraba el mismo texto inicialmente pactado con el PP, pero la iniciativa fue tumbada por los populares por una «venganza personal», en palabras del propio Igea, quien ha recordado que el desencadenante de ese rechazo fue que se refirió en un tuit a la obesidad del consejero de Sanidad, lo que enfadó al entonces portavoz del PP, Raúl de la Hoz.
Vallejo ha acusado al PSOE de aplicar el «filibusterismo» por «obstruccionismo parlamentario» y ha negado que este texto que se sometía al trámite parlamentario fuera igual al acordado en la anterior legislatura por PP y Ciudadanos, ya que incorporó las enmiendas socialistas en aquella tramitación.
«No son tan idénticos», ha subrayado la procuradora del PP, convencida de que este del PSOE «en gran parte hace referencia a la eutanasia» y aporta un «sesgo de extrema izquierda», por lo que ha defendido las prestaciones actuales de la Junta de Castilla y León en materia de cuidados paliativos.
En el mismo sentido, la procuradora de Vox Rebeca Arroyo ha sentenciado que «la muerte no se regula» y «nadie debe decidir» sobre la misma, tras lo que ha acusado al PSOE de promover una «cultura de la muerte», con planteamientos que ha equiparado al «suicidio asistido» y la «eutanasia».
Igea, indignado y expulsado de las Cortes
De entre el resto de parlamentarios que ha intervenido en el debate ha destacado Francisco Igea, al ser quien promovió la iniciativa en origen, por lo que ha cargado contra los procuradores del PP.
Ha asumido que se refirió de manera «poco afortunada» al consejero de Sanidad cuando habló de su obesidad, pero ha añadido que esa «venganza personal» no debería servir al PP para negarle estos derechos a los ciudadanos en sus últimos días, lo que ha catalogado de «ruin, mezquino y lamentable».
Igea ha planteado que esta normativa ya vigente en otras autonomías sirve para dar un camino intermedio entre la eutanasia regulada a nivel estatal y el «sufrimiento descontrolado».
Tras la votación, y después de varias quejas por la situación y los argumentos, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), ha expulsado a Igea, quien antes de dejar el hemiciclo ha señalado y ha gritado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP): «Te vas a hacer fotos con los enfermos, sinvergüenza».
En el caso de la UPL, la procuradora Alicia Gallego ha defendido la necesidad de respetar la dignidad de las personas en esta última etapa de la vida, ha alertado de la desigualdad que viven los enfermos en esta situación por existir normativa en unas autonomías y en otras no y ha criticado al PP por aplicar «caprichos partidistas» sin tener en cuenta la situación de los pacientes.
El representante de Unidas Podemos Pablo Fernández ha respaldado la tramitación de esta proposición de ley para permitir a los ciudadanos «elegir cómo quieren irse» y ha reconocido que no tenía palabras para definir la actuación de PP y Vox en este día, que «pasará a la historia de la infamia» del Parlamento.
También el procurador de Por Ávila Pedro Pascual ha respaldado la tramitación de esta normativa porque considera que es necesaria, aunque ha añadido que no apoya todo el contenido de la misma y podría haber sido enmendada en su tramitación.
Ante el debate suscitado con las intervenciones de las representantes de PP y Vox, el procurador del PSOE ha solicitado al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, poder intervenir, al entender que en la práctica sus interlocutoras habían defendido un turno en contra y no de fijación de posición, lo que ha sido denegado por Pollán. EFE
