Burgos (EFE).- El Ayuntamiento de Burgos ya dispone oficialmente de presupuesto para 2025 tras rechazar el pleno municipal las alegaciones, un mero trámite después de que la alcaldesa Cristina Ayala (PP), rota la coalición con Vox, se asegurara las cuentas a través de una cuestión de confianza, que si bien perdió le permitió iniciar una tramitación que concluye este viernes con la aprobación definitiva del presupuesto, que asciende a 250 millones, un 6 por ciento más.
Los cinco bloques de alegaciones, entre ellas las presentadas por el PSOE, han quedado desestimados con los votos de PP y Vox, pese a las «dudas» que les generaba a los de Santiago Abascal una de las alegaciones socialistas, relativa a la enajenación de patrimonio municipal del suelo, que el presupuesto contempla para financiar proyectos y no vivienda.
El portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acítores, que durante esta semana había puesto sobre la mesa la posibilidad de abstenerse en la votación -lo que habría obligado al equipo de Gobierno a sacar casi 13 millones de euros del proyecto presupuestario-, ha justificado su voto en contra de la alegación en la «responsabilidad».
Ha reconocido que «le sigue generando dudas» cómo plantea el presupuesto invertir el dinero obtenido de la venta de suelo municipal, pues existe jurisprudencia contradictoria, pero «prima la responsabilidad por encima de otras cosas», y que se prioricen las propuestas que Vox consiguió introducir en las cuentas cuando gobernaba en coalición con el PP.
Aún así, la cuestión de confianza a la que se sometió Cristina Ayala a finales de noviembre, tras romper el pacto de gobierno con Vox una semana antes, -y pese a que la perdió- aseguraba los presupuestos de 2025, con una aprobación definitiva automática, sin votación -y por tanto sin necesidad de pactos-, una vez resueltas las alegaciones en pleno.
Cinismo e incongruencia
El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, ha recordado que la desestimación de las alegaciones está fundamentada en informes jurídicos y ha acusado al PSOE de «cinismo» e «incongruencia», pues cuando gobiernan hacen uso del suelo municipal con criterios distintos a los que exigen ahora que están en la oposición.
Manzanedo considera que la alegación presentada por el PSOE solo pretendía retrasar la labor de gestión del equipo de Gobierno, y ha lamentado que los socialistas «se alegren» de que la ruptura de la coalición PP-Vox en noviembre haya retrasado hasta febrero la aprobación de un presupuesto que iba a estar en vigor el 1 de enero.
Búnker de resistencia
El portavoz del PSOE, y excalcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, ha criticado que el PP haya convertido la Junta de Gobierno Local en un «búnker de resistencia», en el que pretende resistir gobernando en minoría «a golpe de cuestiones de confianza» hasta 2027, lo que es legal pero «políticamente un fraude».
Los socialistas reclaman que se busquen acuerdos con la oposición, pues hay todavía por delante muchos asuntos que para su aprobación requieren de consenso político, y le recuerdan a Cristina Ayala que «le queda una sola bala para dos años», la «bala» de la cuestión de confianza solo la pueden utilizar otra vez más, y será para el presupuesto de 2026.
Ruptura de pacto, cuestión de confianza y presupuesto
Ayala se sometió a una primera cuestión de confianza a finales de noviembre, vinculada a la aprobación de las cuentas municipales de 2025, después de que hubiera roto la coalición con Vox cuando los de Santiago Abascal votaron en contra del presupuesto consensuado con el PP, que incluía ayudas a ongs que atienden a migrantes en Burgos.
En la negociación de las nuevas cuentas, Vox había conseguido que su socio de gobierno aceptase retirar los convenios de ayuda a las ongs Burgos Acoge, Accem y Atayala Intercultural, pero la presión social obligó a la alcaldesa a rectificar y recuperarlas, lo que provocó el voto en contra de Vox y su salida del gobierno de coalición. EFE
