Briviesca (Burgos) (EFE).- Las exmonjas de Belorado han solicitado la recusación de la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Briviesca en el caso de la demanda de desahucio, cuya vista oral está prevista para el 13 de mayo, al entender que su imparcialidad está cuestionada por ser instructora de otras causas sobre ellas, como la abierta por la venta de oro.
El abogado Florentino Aláez ha explicado, a las puertas del Juzgado de Briviesca en el que este miércoles el arzobispo de Burgos ha declarado por la denuncia de coacciones, istración desleal y revelación de secretos, que entienden que la jueza «tiene un prejuicio que la inhabilita para tener suficiente imparcialidad».
Su afirmación se sustenta en que dispone de un conocimiento extraprocesal de la situación en la que se encuentran las exmonjas de Belorado, y que deriva de los dos procesos penales que también instruye, por lo que consideran que la jueza no puede hacerse cargo con imparcialidad del caso del desahucio.
En concreto, Aláez hace referencia a la investigación abierta contra la exabadesa, Laura García de Viedma, y otras dos exreligiosas, por un delito de estafa indebida relacionado con la venta de 1,73 kilos de oro el pasado enero, y por el que se obtuvieron 130.000 euros.
Y las diligencias previas que se han celebrado este miércoles, ante la denuncia interpuesta por las exclarisas contra el arzobispo, Mario Iceta, en su condición de comisario pontificio, y en la que le acusan de coacciones, istración desleal y revelación de secretos.
«Entendemos que un juez no puede instruir y, al mismo tiempo, fallar otro proceso que trata sobre los mismos hechos», ha apuntado Aláez, insistiendo en que lo que está en cuestión en todos ellos es quién ostenta la istración y la representación legal de los monasterios de Belorado, Derio y Orduña.
La petición de recusación, que incluye también la causa derivada de una demanda civil interpuesta por las exmonjas el pasado julio por vulneración de sus derechos fundamentales, deberá ser resuelta por la Audiencia Provincial de Burgos, y que podría suponer la suspensión automática de ambos procesos.
Enrique Molina, abogado del Arzobispado, ha indicado en una rueda de prensa tras vista judicial, que el motivo esgrimido por las exmonjas para la recusación no se contempla en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y lo ve como una «patada hacia adelante» para intentar ganar un mes más al procedimiento.
Ha recordado que, como jueza titular de un juzgado mixto, que lleva causas penales y civiles, «lo más natural es que sepa qué esta pasando», pero ha insistido en que «no resuelve sobre habladurías» sino sobre pruebas documentales, así que entiende que la petición solo busca paralizar la vista del desahucio.
Defensa frente a una estrategia «torticera»
El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, se ha defendido frente a lo que considera una «estrategia urdida» por las exreligiosas, y en su declaración ante la jueza ha desmentido los hechos «torticeros» en los que se fundamenta la denuncia por coacciones, istración desleal y revelación de secretos.
Ha explicado que, como comisario pontificio nombrado por la Santa Sede, es el representante legal y de los monasterios, labor que ha ejercido con «exquisito respeto», sin vulnerar la intimidad personal de las exclarisas ni limitar sus derechos, y sin el propósito de forzarlas a que abandonen los monasterios, que «están ocupando ilícitamente», ha apuntado.
Iceta ha insistido en que, a través de la Federación de las Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, se han hecho cargo del sostenimiento de los monasterios, aportando 360.000 euros para pagar facturas, deudas, préstamos y las obligaciones laborales de los 11 trabajadores que había en Belorado.
También ha defendido haber hecho pública información sobre las cuestiones económicas de los monasterios, asimilándola a la transparencia con la que se gestiona la archidiócesis, y partiendo del hecho de que como comisario pontificio puede facilitar esa información, que no implica a las exmonjas.
Por su parte, el abogado de las exreligiosas Enrique García de Viedma ha insistido en que toda acción de Iceta ha ido encaminada, desde su nombramiento, a perjudicarlas, en una actividad que en algunos casos han considerado delictiva, de ahí la denuncia interpuesta por cuatro de las religiosas.
A ratificarla ante la jueza han acudido la exabadesa, Laura García de Viedma; sor Israel (Isabel Jiménez); sor Belén (María Ana Paz); y sor Sión, quien ha insistido en que han vivido «una experiencia de muchísimo sufrimiento» y han buscado que la justicia pusiera un límite a esa situación.
García de Viedma ha indicado que las exclarisas han pasado situaciones de mucha incertidumbre y angustia, y ha apuntado que ahora se han buscado una vía alternativa para sobrevivir con el restaurante de Arriondas (Asturias), donativos y la ayuda de sus familias, que «tienen los bolsillos vueltos del revés».
Paciencia infinita
A este respecto, el arzobispo de Burgos ha reiterado que las exmonjas «tienen cómo ganarse la vida», y que, si bien les desean lo mejor en su futuro, están dispuestos a «llegar hasta el final»; ha indicado que tienen «paciencia infinita», y que el proceso se va a alargar «todo lo que ellas quieran».
También ha puesto el foco en las cinco monjas mayores que residen en Belorado, junto con las ocho excomulgadas, y ha apuntado: «el tema de los inmuebles es algo secundario, yo defiendo a las mayores, que llevan 80 años en el monasterio, para que mueran católicas». EFE
