Valladolid (EFE).- La Junta de Castilla y León ha acordado este jueves, en la reunión de su Consejo de Gobierno, presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley del Gobierno que «impone» el reparto de menores migrantes no acompañados entre las autonomías españolas, al entender que vulnera las competencias exclusivas en esta materia, entre otros argumentos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha asegurado que esta normativa causa un «perjuicio financiero» a la Comunidad al incrementar el número de menores acogidos y tutelados «sin contraprestación económica», lo que en su opinión genera un «agravio comparativo respecto a otras comunidades autónomas».
Preguntado por los plazos para la presentación de este recurso, Carriedo ha asegurado que se producirá «ya» y dentro del plazo establecido de tres meses tras la aprobación del Real Decreto-Ley, con varios informes que avalan este recursos, incluido uno del Consejo Consultivo autonómico.
El portavoz ha planteado que el Gobierno ha establecido de manera «unilateral, forzosa y discrecional» el reparto entre las distintas autonomías de los menores extranjeros no acompañados que llegan fundamentalmente a Canarias, Ceuta y Melilla, por lo que la Junta asegura que se vulneran «hasta diez artículos de la Constitución por siete causas diferentes», según figura en la documentación aportada por el Gobierno autonómico sobre este acuerdo.
En concreto, la Junta entiende que se da la «paradoja» de que por un lado el Gobierno invade competencias autonómicas con este reparto y a la vez el Tribunal Supremo en su resolución de hoy, en la que urge al Ejecutivo para dar una solución, «es muy claro» al determinar que se trata de una competencia exclusiva del Gobierno de España.
Sobre el argumento del daño económico que supone este reparto, la Junta lamenta que el Gobierno «no establece ninguna vía de financiación» para llevar a la práctica esta atención a los menores, por lo que las arcas autonómicas, por el momento, tendrían que asumir los gastos.
El portavoz se ha quejado de que esta situación «no es equivalente» en todas las autonomías, ya que entiende que este reparto ha sido pactado por el Gobierno con «algún partido separatista» esta distribución «claramente insolidaria» e incluso la posibilidad de que Cataluña pueda asumir competencias en control de fronteras: «No estamos de acuerdo», ha zanjado.
El resto de argumentos utilizados por la Junta para su recurso aluden a la «quiebra de los principios de colaboración, cooperación y coordinación entre el Estado y del principio de lealtad institucional».
En concreto, plantea el recurso que los nuevos criterios de reparto «se imponen», frente a los «acordados mayoritariamente por las comunidades autónomas en 2022 en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia», lo que implica una «desigualdad manifiesta» entre autonomías.
Por último, el Gobierno autonómico interpreta que una norma ordinaria como un Real Decreto-Ley no puede abordar materias reservadas para las Leyes Orgánicas y niega la existencia de una justificación de una situación de «extraordinaria y urgente necesidad establecida por la Constitución para poder aprobar una norma con rango de ley por la vía rápida». EFE
