Barcelona (EFE).- El Govern ha dado un nuevo paso para desplegar la ley de barrios aprobada en diciembre de 2022, una norma con subvenciones dirigidas a los entes locales cuya cuantía dependerá de si el ejecutivo logra que el Parlament convalide un decreto de suplemento de crédito.
En concreto, el Consell Executiu ha encargado a la consellería de Territorio el despliegue de la ley, un trámite istrativo que permite que ésta se pueda financiar con recursos procedentes del mencionado decreto.
De este acuerdo ha dado cuenta en la habitual rueda de prensa semanal la portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, que es también la titular del departamento de Territorio.
Paneque ha explicado que la convocatoria de estas subvenciones está prevista para junio o julio, si bien no ha fijado ni la cuantía que el ejecutivo quiere destinar a las mismas ni qué previsión maneja sobre cuándo el Govern aprobaría el decreto de suplemento de crédito (que aportaría hasta unos 4.000 millones adicionales a los presupuestos prorrogados y que, en el plazo de un mes, debería convalidar el Parlament).
Paneque ha indicado que el Govern tiene «diferentes mecanismos» para dotar de recursos a esta ley. Uno de ellos -y el que prioriza el ejecutivo- es el de suplemento de crédito, pero también pueden usarse remanentes de tesorería, ha dicho.
La promesa de Illa: 800 millones en cuatro años
En campaña electoral, el ahora presidente de la Generalitat, Salvador Illa, prometió destinar 800 millones de euros a esta ley en cuatro años.
La ley de barrios, que sustituye a la de 2004, prevé la creación de un fondo económico que se dotaría de los presupuestos anuales de la Generalitat -o del suplemento de crédito- y con financiación anual y europea.
Podrían acogerse a él «los ayuntamientos que presenten proyectos de intervención para alcanzar transformaciones físicas, ecológicas y sociocomunitarias en sus barrios».
Paneque ha destacado que la ley de barrios fue «uno de los proyectos más valorados» de los ejecutivos presididos por Pasqual Maragall y José Montilla.
Se trata de «invertir en el espacio urbano para transformarlo y ganar calidad de vida», ha dicho.
El despliegue de esta ley forma parte de los acuerdos de investidura que el PSC selló con ERC y con los Comuns.
