Barcelona (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene previsto juzgar a partir de este jueves telemáticamente desde Bélgica al exconseller de Cultura en el 1-O Lluís Puig, acusado de desobedecer una orden de un juzgado de Huesca, que la Generalitat había recurrido, para que devolviera bienes al Monasterio de Sijena.
El juicio está previsto que arranque este jueves a las 09:30 horas, aunque con la incertidumbre de si finalmente será posible la videoconferencia del exconseller y actual diputado de Junts en el Parlament.
De hecho, la Fiscalía belga notificó en noviembre pasado al TSJC que, por su propia legislación, no se podría ejecutar la vía telemática y planteó como alternativas que la policía o un juzgado belga procedieran al interrogatorio.
Una delegación de Junts, encabezada por su secretario general, Jordi Turull, apoyará mañana Puig a las puertas del TSJC, en un acto en el que está previsto que el exconseller intervenga desde Bélgica.
La Fiscalía pide dos años de inhabilitación
La Fiscalía pide para Puig dos años de inhabilitación y 5.940 euros de multa por un delito de desobediencia, al desoír supuestamente la orden de un juzgado de Huesca, que la Generalitat había recurrido, para que devolviera al Monasterio de Sijena (Huesca) 44 obras de arte depositadas en el Museo de Lleida.
El ministerio público pide la misma pena para el también exconseller de Cultura Santi Vila, aunque en su caso la causa la lleva un juzgado ordinario -ya que no es aforado-, que prevé celebrar el juicio el 6 y 7 de mayo próximos, tras denegarle la amnistía.
Vila comparecerá en el juicio a Puig como «coacusado», de forma que declarará como testigo pero con prerrogativas de un investigado.
Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Vilanueva de Sijena, que ejerce la acusación particular, sostienen que tanto Vila como posteriormente Puig desobedecieron la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca y no adoptaron ninguna medida para que se hiciese efectivo el traslado de las piezas.
La orden de devolución, ratificada en pleno 155
El caso arranca con una sentencia de abril de 2015 del juzgado de Huesca, que anuló la compraventa de 85 piezas de la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena que habían efectuado en 1983 y 1992 a la Generalitat y en 1994 el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).
La Generalitat recurrió esta sentencia, que no fue ratificada por la Audiencia de Huesca hasta el 30 de noviembre de 2017, cuando ni Vila ni Puig eran consellers porque el Gobierno había aplicado el artículo 155 de la Constitución un mes antes, el 27 de octubre de 2017, después de que el Parlament votase una resolución sobre una declaración unilateral de independencia.
Un procedimiento de ejecución provisional
Con la sentencia todavía recurrida, el juzgado de Huesca inició en junio de 2015 un procedimiento de ejecución provisional, por el que en mayo de 2016 requirió a la Generalitat y al MNAC que devolvieran las piezas, notificando personalmente a Vila esa resolución.
Vila acordó devolver de forma inmediata 41 piezas -el traslado se hizo efectivo el 26 de julio-, pero no así las 44 restantes, ante lo que en octubre de 2016 el juzgado de Huesca volvió a requerir su devolución y advirtió al entonces conseller de las «consecuencias legales» de la falta de cumplimiento de esa orden.
No obstante, según la Fiscalía, Vila dictó una orden el 18 de abril de 2017 en la que no autorizaba la disgregación de las piezas que restaban en el Museo de Lleida, de forma que denegó la salida de los 44 bienes restantes hacia el monasterio de Sijena.
A pocos meses del 1-O, el entonces presidente Carles Puigdemont nombró a Vila conseller de Empresa y situó al frente de Cultura a Lluis Puig, que tomó posesión del cargo el 5 de julio de 2017.
Dos días después de que Puig asumiera la cartera de Cultura, el juzgado de Huesca le notificó personalmente, el 7 de julio de 2017, una orden que había dictado en junio de ese año en que insistía en que debían traspasar a Sijena las 44 piezas restantes.
Puig pidió tiempo la «complejidad de la cuestión»
Puig remitió entonces un escrito de respuesta al juzgado, aportado por su defensa en el procedimiento, en el que subrayaba que acababa de asumir el cargo y que, ante la «complejidad de la cuestión» y el «voluminoso expediente», necesitaba tiempo para poder «estudiar a fondo» el asunto y «buscar la mejor forma de dar cumplimiento al requerimiento recibido».
La defensa de Puig alega que, al recibir la notificación del juzgado, los servicios jurídicos de la Generalitat le informaron que también habían recurrido el auto de junio de 2017 que insistía en exigir la devolución de las 44 piezas restantes y que ya no intervino más en este proceso.
Finalmente, el juzgado de Huesca acordó el 1 de diciembre de 2017 -cuando la Generalitat estaba intervenida por el 155 y ni Vila ni Puig eran consellers-, ordenar el traslado de las 44 piezas pendientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad, por lo que se hizo efectivo el 11 de diciembre de ese año, con un coste de 12.932 euros que la empresa que lo realizó facturó a la Diputación General de Aragón. EFE
