Barcelona (EFE).- ERC y Comuns, los socios de investidura del Govern socialista, han puesto este martes en alerta al presidente catalán, Salvador Illa, al advertirle que no puede dar por supuestos sus votos para los suplementos de crédito y tres decretos que se debatirán en el pleno de la semana que viene.
El primer suplemento de crédito -que no se votará la semana próxima, sino más adelante- obtendrá el apoyo de ERC, que ya ha dado su sí, mientras que Comuns a esta hora no lo asegura. Todo apunta que dos de los tres decretos se tramitarán como proyectos de ley, como reclaman los republicanos; y para el tercer decreto el Govern deberá buscar votos más allá de sus socios, al negarse ERC a convalidarlo.
Negociaciones para el suplemento de crédito
El pasado martes, el Consell Executiu aprobó un primer decreto de suplemento de crédito de 2.168 millones, al rechazar ERC avalar unos presupuestos para este 2025. La intención del Govern es aprobar un segundo decreto -o quizás más de uno, lo que se concretará durante la negociación- para aprovechar otros 1.768 millones de excedente, si bien deberá esmerarse en lograr el aval de sus socios.
Este primer suplemento de crédito debe convalidarlo el Parlament en el plazo de un mes. ERC dio por hecho su apoyo, al considerar que tiene un carácter «técnico» y dado que esos 2.168 millones prácticamente equivalen a la cuantía de las ampliaciones de crédito con las que contó el Govern de Pere Aragonès en 2024.
El aval de Comuns también se daba por supuesto, aunque esta formación ha vuelto a avisar este martes que las negociaciones «están verdísimas». Los de Jéssica Albiach piden que el Govern movilice 850 millones de euros de recursos propios en vivienda, la puesta en marcha de una unidad antidesahucios y la creación de un cuerpo de inspectores para garantizar el cumplimiento del tope al alquiler.
«El Govern trabaja en el escenario de poder disponer de los recursos de este suplemento de crédito lo más pronto posible», ha afirmado en rueda de prensa la consellera y portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque.
Urbanismo y contratación pública, como proyectos de ley
El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) amonestó al Govern por modificar cinco normas y derogar otra, todas ellas sobre vivienda, vía decreto. Este organismo consultivo propuso que el texto se tramite como proyecto de ley, al no ver en algunos de los cambios acometidos «necesidad extraordinaria y urgente».
A este dictamen es a lo que se ha agarrado ERC -que fue quien acudió al CGE- para instar al Govern a tramitar tanto este decreto como otro para agilizar la contratación pública como proyectos de ley.
Comuns, a su vez, ha avisado que está más cerca de rechazar la convalidación de estos dos decretos que de apoyarla. Urge al ejecutivo a avanzar en dos cuestiones para convencerlos: la regulación del alquiler de temporada y cambios normativos para evitar que unas 36.000 viviendas de protección oficial pasen al mercado libre en los próximos años.
Paneque ha dicho que el hecho de que los cambios en urbanismo se tramiten como proyecto de ley abre una «oportunidad» para «incorporar» estas dos cuestiones en este texto, en vez de aprobar nuevos decretos específicos, como era la intención inicial.
El decreto de los cámpines, en el aire
Un tercer decreto será debatido por el pleno de la cámara catalana la semana próxima: el que afecta a cámpines situados en zonas inundables.
El texto contará con el aval de Comuns, aunque ERC ya ha adelantado que votará en contra de su convalidación. Ello abre la puerta a que el texto salga adelante con los votos de Junts, que no ha aclarado a esta hora su posición, o de otros grupos de la oposición.
