Barcelona.- El presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), Roger Loppacher, ha afirmado este jueves que las condiciones impuestas por la CNMC a la opa sobre el Banco Sabadell son «insuficientes». Loppacher cree que las condiciones son insuficientes para mitigar las posibles desventajas para los consumidores de una fusión con el BBVA.
«Desde nuestro punto de vista, estos ‘remedies’ no pueden descartar el potencial riesgo para la competencia», ha señalado Loppacher a EFE. El regulador estatal ha dado luz verde a la oferta de adquisición sobre la entidad catalana.
El responsable del organismo ha subrayado que las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia son «de comportamiento, no estructurales». Además, ha señalado que son condiciones de «carácter temporal».
Ha destacado que la Comisión Europea pide que las condiciones para una fusión deben «eliminar enteramente los problemas de competencia», y ser «completas y eficaces».
Riesgo de exclusión financiera
Loppacher ha señalado que una fusión entre ambas entidades podría elevar el riesgo de exclusión financiera de personas de edad avanzada. También afectaría a las personas con pocos conocimientos tecnológicos y a residentes en zonas rurales. Además, considera el presidente de ACCO que la fusión podría provocar una menor remuneración en los depósitos.
Ha sostenido que la concentración bancaria afecta asimismo a los créditos a las familias. En especial, a los créditos hipotecarios, además de a la financiación de las pequeñas y medianas empresas.
En el ámbito del crédito a las pymes, el presidente de la ACCO señala que se han adoptado medidas superiores a las previstas inicialmente. Sin embargo, «incluso así continúa habiendo un riesgo de reducción de crédito», ha señalado.
También ha resaltado el hecho de que la mayoría de los compromisos tendrán una duración de tres años. Sin embargo, en el caso de las condiciones de a cajeros el plazo será «muy inferior», de 18 meses.
La tercera fase
La opa pasará ahora a una «tercera fase» de análisis, por parte del Gobierno, que puede todavía endurecer las condiciones establecidas por la CNMC.
En este caso, el Ejecutivo no actuará por motivos de competencia, ha indicado Loppacher. El Gobierno, ha añadido, evaluará la operación desde el punto de vista del «interés general». Además, valorará «razones de tipo social, laboral o de cohesión territorial».
