Barcelona (EFE).- Los VTC (vehículos de transporte con conductor) han protagonizado este viernes otra marcha lenta en la ciudad de Barcelona para protestar por la nueva ley que prepara la Generalitat para regular el sector, que denuncian pone en peligro hasta 6.000 empleos.
La protesta, convocada por el Sindicato Libre de Transportes (SLT) y la Associació Aurora Catalana VTC, es la tercera que llevan a cabo estos vehículos en los dos últimos meses.
Los VTC que han participado en la marcha han bajado desde la confluencia de Diagonal con la calle Numància hasta llegar a los alrededores de la estación de Sants, donde los conductores han dejado los coches para dirigirse luego a pie a la sede del Departamento de Territorio, situada en la avenida Josep Tarradellas, donde se han concentrado.
Fuentes de los organizadores de la protesta han asegurado que se han concentrado 300 coches, mientras que el Ayuntamiento ha reducido esta cifra hasta los 150.
Al inicio del recorrido, el secretario de organización de SLT, José María Cazallas, ha apuntado, en declaraciones a los periodistas, que la nueva ley amenaza con impedir trabajar a las VTC en el área metropolitana de Barcelona.
6.000 puestos de trabajo en riesgo
«Unos 6.000 trabajadores se quedarán sin trabajo entre puestos directos e indirectos. Se perderán 126 millones de euros en salarios que se dejarán de pagar y la istración pública tendrá que abonar 55 millones en prestaciones de desempleo», ha destacado.
Por su parte, el presidente ejecutivo de Unauto-VTC, José Manuel Berzal, ha pedido al Govern que «no tramite en el Parlament el proyecto de ley que contribuiría solo a que desapareciese el sector de la VTC en Barcelona». «El Govern no quiere avanzar para que Barcelona sea una ciudad moderna y sostenible», ha denunciado.
Las organizaciones de los VTC han presentado este viernes un informe que apunta que el sector, con aproximadamente 2.500 autorizaciones operativas en Cataluña, genera un impacto económico de cerca de 260 millones de euros y emplea a casi 6.000 personas. La eliminación de los servicios urbanos de VTC en Cataluña tendría un coste estimado, según sus cifras, de más de 326 millones de euros, incluyendo la pérdida de empleos, salarios, ingresos fiscales y los costes asociados al cierre de operaciones.
Este sector supondría una aportación de 445 millones de euros para la economía catalana, si pudieran trabajar las 3.700 autorizaciones domiciliadas en Cataluña, según el informe. La creación de empleo potencial alcanzaría los 10.500 trabajadores.
Imagen cedida por la patronal de VTC
Condiciones más duras para operar
Los VTC denuncian que la Generalitat está trabajando en la norma que regulará la actividad de los vehículos de transporte de hasta nueve plazas, que incluye también a los taxis, sin tener en cuenta a su colectivo.
En función de la información que les ha llegado, la nueva regulación endurecerá las condiciones en las que desarrollan su actividad hasta el punto de hacerla prácticamente imposible.
En estos momentos, estos vehículos deben contar con una autorización urbana para funcionar y cumplir requisitos como tener una longitud mínima de 4,90 metros para poder optar a una licencia o que el servicio haya sido precontratado con 15 minutos de antelación.
El informe señala que «las VTC han sido capaces de sobrevivir por la sólida demanda de servicios de transporte con conductor, que supera ampliamente la capacidad de oferta de las licencias existentes».
El borrador de la nueva ley incluye medidas «arbitrarias e injustificadas», en su opinión, como la precontratación de seis horas antes de la ocupación del vehículo o la restricción de hacer solo un viaje a la hora. EFE
