València (EFE).- El Grupo de Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía de València ha detenido en la capital valenciana a una exjueza argentina de 63 años sobre la que pesaba una orden internacional de detención por su implicación en una red de adopciones irregulares.
La fugitiva estaba buscada por las autoridades argentinas como presunta autora de los delitos de cohecho activo y falsedad de documento público, hechos por los que se le solicita una pena máxima de prisión de seis años.
Según han informado fuentes policiales, mientras era titular de un Juzgado de Familia de Pilar (Argentina), la mujer presuntamente se lucraba económicamente al proponer a las asistentes sociales integrantes del equipo técnico del Juzgado a su cargo acudir a los barrios pobres de la ciudad argentina a «conseguir panzas».
Identificaba a mujeres vulnerables embarazadas
Esta acción consistía en identificar a mujeres vulnerables en estado de gestación dispuestas a entregar en adopción a los hijos que esperaban, para facilitar así los procesos de adopción a matrimonios adinerados de la zona, de quienes recibía ventajas económicas.
Además, la arrestada manipuló diversos documentos públicos para poner una fecha anterior y simular así que su firma se estampó en distintas providencias y resoluciones judiciales cuando ya no trabajaba en el ámbito de la República Argentina.
Una vez comprobada la vigencia de la orden que le constaba a la detenida, se realizaron gestiones de investigación que dieron como resultado su posible ubicación en la provincia de Valencia. Los agentes averiguaron la localización concreta de la fugitiva, a la que detuvieron en la ciudad de València.
La detención tuvo lugar este lunes sobre las 13:40 horas cuando salía de su domicilio de València, desde donde se le trasladó a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de València para seguir con los trámites, y al día siguiente pasó a disposición judicial, según han explicado a EFE fuentes policiales.
La noticia de la detención la ha adelantado el periódico Levante-EMV, que explica que a la arrestada la expulsaron de la carrera judicial en 2017.
