València (EFE).- El Gobierno valenciano ha acordado este martes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto ley de menores migrantes aprobado por el Gobierno de España por considerar que vulnera competencias exclusivas de la Comunitat Valenciana.
El Consell, reunido este martes en pleno, ha acordado autorizar a la Abogacía General de la Generalitat a iniciar los trámites necesarios para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 2/2025, aprobado por el Gobierno central el pasado 18 de marzo.
«Vulnera competencias exclusivas de la Comunitat»
El Gobierno valenciano considera que vulnera competencias exclusivas de la Comunitat Valenciana en materia de asistencia social y protección de menores, según lo establecido en el artículo 148.1.20 de la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía.
El decreto ley, que establece criterios para redistribuir entre las comunidades autónomas a menores extranjeros no acompañados, supone «una injerencia» en las competencias autonómicas y «contraviene» los principios constitucionales de cooperación, coordinación y lealtad institucional, al «imponer un reparto unilateral» de menores extranjeros no acompañados, sin consenso previo en la Conferencia Sectorial de la Infancia y Adolescencia, según argumenta.
Asimismo, indica que la utilización del Real Decreto-Ley es inadecuada según la doctrina del Tribunal Constitucional, ya que la regulación afecta a derechos fundamentales que requieren abordarse mediante una Ley Orgánica, «garantizando así una protección adecuada de los menores migrantes».
«Este reparto es un insulto a las comunidades»
En la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, la vicepresidenta y portavoz, Susana Camarero, ha considerado que este reparto del Gobierno «sin ningún tipo de negociación, es un insulto a las comunidades autónomas».
Ha asegurado que durante 2024, la Comunitat ha atendido a más de 900 menores migrantes y este es el dato que le han trasladado al Gobierno y que «está al 160 % de ocupación».
Ha defendido el «enorme esfuerzo» que ya ha hecho la Comunitat en asuntos migratorios, ya que en 2024 incrementó 122 plazas, lo que ha supuesto un coste de 6 millones, y ha asegurado que el coste total del proyecto migratorio asciende a 23 millones «frente a 1,2 millones que paga el Gobierno».
Camarero ha mostrado su «preocupación» por la atención a los menores que llegan y su «solidaridad absoluta con Canarias» y ha criticado que el Gobierno use a los menores migrantes «como moneda de cambio».
«No vamos a consentir, a través de este recurso, que se mercadee con los niños que es lo que está haciendo el Gobierno de España, utilizarlo como moneda de cambio con sus acuerdos con Junts», ha afirmado.
La vicepresidenta ha asegurado que el reparto de menores que hace el Gobierno es «absolutamente arbitrario, sin establecer criterios objetivos sino criterios por colores políticos, sin financiación adecuada y sin negociación con las comunidades autónomas» y ha contrapuesto que a Cataluña le corresponden 30 de los 4.000 menores y a la Comunitat casi 500.
La «nula» política migratoria de Sánchez
A su juicio, la solución del Gobierno «es un parche» porque «no hay una política migratoria por parte del Gobierno de España como debería producirse, porque no se ha desplegado Frontex y están las mafias campando a sus anchas en Canarias» y le ha animado a «trabajar con los países de origen como está haciendo la Comunitat Valenciana».
«La nula política migratoria de Pedro Sánchez está llevando a esta crisis migratoria que está sufriendo Canarias y que está trasladando al resto al conjunto de España. Por eso es lamentable la incapacidad del Gobierno para actuar», ha reprochado.
Además, ha advertido que los estándares del sistema de protección de la Comunitat son «superiores» al resto de España y si aceptan la propuesta del Gobierno habría «menores no acompañados de primera», los atendidos con los estándares de la Comunitat, y «de segunda», porque no se podrían «garantizar y mantener» esos estándares con los 143 euros al día que propone pagar el Gobierno.
«Este Real Decreto ley que vamos a llevar al Constitucional provoca desorden y un problema asistencial y de atención a los menores y de emancipación», ha concluido.
