Alicante (EFE).- El exalcalde de Llíber (Alicante) José Más, del PP, ha sostenido este martes que «jamás» ha recibido dinero o un coche de lujo en relación con la construcción de casi 300 chalets ilegales en suelo rústico entre los años 1999 y 2003.
Así lo ha asegurado en la primera sesión de este juicio en la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante, donde la fiscalía pedía una pena global de 43 años y tres meses de cárcel para los trece acusados iniciales, entre ellos al actual alcalde y entonces concejal, el también popular José Juan Reus, exconcejales del PP y del PSPV-PSOE, técnicos municipales y promotores inmobiliarios.
Retraso en el comienzo del juicio, luego suspendido
El juicio ha arrancado con un retraso de varias horas por la incomparecencia presencial de uno de los acusados, un constructor alemán, quien ha había aducido motivos de salud aunque finalmente ha comparecido desde su país por videoconferencia.
Entre los acusados de esta causa judicial tan prolongada a lo largo de los años ha habido varias bajas por el fallecimiento de dos concejales, Juan Bautista Reus Fullana y José Fullana Fullana, y también de Ana Signas, en su día secretaria municipal, que ha quedado excluida del proceso por incapacidad al sufrir una enfermedad degenerativa, de manera que quedan diez personas en el banquillo de los acusados.
En su declaración, el exalcalde ha respondido únicamente a su abogado, Joaquín Galant, para manifestar que no ha recibido nunca dinero y que las decisiones que se tomaron con respecto a la construcción de los 292 chalets en suelo no urbanizable fueron siempre previa consulta con el arquitecto municipal, para saber «si se reunían o no las condiciones», y en todo momento las determinaciones correspondían al pleno municipal «y por mayoría».
Debido a que el constructor alemán debía reunirse telemáticamente con su letrado, la sesión se ha suspendido hasta este miércoles a las 9.30 horas.
Una causa que lleva instruyéndose 16 años
En una causa que lleva instruyéndose 16 años, la fiscalía mantiene que las casas se vendieron a compradores extranjeros que, en su mayoría, no han podido legalizarlas, por lo cual considera que ha habido delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Por ello, solicita penas de prisión que suman 43 años y tres meses, concretamente que oscilan entre los 15 meses y los siete años, además de multas e inhabilitación, concretamente para el actual alcalde (entonces concejal) demanda 8 meses de inhabilitación.
El ministerio público considera a cinco promotores y al arquitecto del ayuntamiento responsables de los delitos de estafa y contra la ordenación del territorio al promover la construcción de inmuebles sobre suelo no urbanizable y vender a compradores extranjeros por precios superiores a los 150.000 euros, para lo cual se concertaron con el arquitecto municipal con el fin de dar «una apariencia de legalidad».
Este funcionario redactaba «memorias valoradas» como si se tratase de proyectos arquitectónicos, cobrando por ellas, y después emitía informes «a favor de que se concediese la licencia» para rehabilitar, ampliar o restaurar «supuestos almacenes con zona habitable que realmente no existían», según la calificación del ministerio público.
Una vez concedidos los permisos, según la Fiscalía, al menos uno de los promotores entregó al entonces alcalde un vehículo marca Mercedes, 10.000 euros por la autorización de un tendido eléctrico «y 3.000 euros por cada una de las licencias que se le concedieron» para las viviendas que su empresa promovía, versión que el exalcalde Mas ha negado este martes.
