Madrid (EFE).- La presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, ha negado que desde la Corporación se haya dicho que no se van a reembolsar los gastos generados a los opositores por la cancelación de la prueba de informador, y ha asegurado que se está estudiando y definiendo su alcance.
Así lo ha mantenido Cascajosa en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, en la que ha reconocido la situación «gravísima» que tuvo lugar el pasado 29 de septiembre, cuando se produjo la filtración de la prueba que provocó su cancelación, y el «daño reputacional inmenso» que ha producido a la empresa.
Un daño -ha mantenido- que hizo que ese día, el 29, se convirtiera en el «peor con mucha diferencia» de toda su etapa como presidenta de la Corporación.
368 solicitudes para reembolsar gastos
Hasta el momento, como ha explicado a preguntas del diputado del PP Eduardo Carazo, se han recibido 368 solicitudes de opositores para que les reembolsen los gastos derivados de la suspensión del examen por un importe total aproximado a los 40.000 euros.
Se está intentando definir el alcance de ese reembolso y haciendo una valoración sobre el marco de responsabilidad de la de la Corporación, algo que ya se ha hecho en otras circunstancias parecidas, según la presidenta, como cuando se suspendió el examen de producción de asistencia: hubo 54 solicitudes de reembolso y se hizo un abono de 6.000 euros.
«Tenemos que ver muy bien el alcance, porque además aquí puede haber reclamaciones no solamente a la Corporación, sino también de tipo judicial. Y los pasos que demos los vamos a dar con la prudencia y con la seguridad jurídica que proceda», ha aclarado.
Reclamaciones de fuera de España
Las reclamaciones son de opositores que se desplazaron desde Reino Unido, Estados Unidos, México, Portugal, Andorra, Brasil, Canadá, Egipto, de Italia, Marruecos, Suiza y de Francia, pero también de diferentes provincias, y algunas de ellas, según ha precisado, están especialmente afectadas, como Canarias, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Baleares.
No hay una decisión concreta sobre cuánto será el reembolso, entre otros motivos, según ha argumentado, porque no están establecidos, ni tasados de una manera fija esos gastos.
Eduardo Carazo ha reclamado a la presidenta que la estimación se haga cuanto antes porque algunos opositores, si no se les hace ese reembolso, no podrán pagarse su desplazamiento a Madrid para examinarse el próximo 2 de noviembre.
Sobre el origen de la filtración, Cascajosa ha sido prudente porque ha recordado que hay una investigación policial abierta y un expediente interno en el ente para dilucidar la cuestión.
Una filtración que se produce en un proceso de oposiciones que ha sufrido diversos reveses, primero judiciales, lo que hizo que se tuvieran que cambiar las bases, y después en la custodia de los datos personales de los opositores ya que la web de la convocatoria de empleo, que gestiona una empresa exterior, registró un fallo de seguridad y cientos de ellos quedaron al descubierto.
Por eso, el objetivo es avanzar hacia «la total internalización del proceso de oposiciones» y en un plazo lo más corto posible, según Cascajosa, quien ha advertido que se debía haber dotado de más personal en el apartado de Recursos Humanos para afrontar estas oposiciones y las que vendrán porque, como ha sostenido, tendrán que convocarse otras después de estas por el alto número de jubilaciones que se prevén próximamente.
Vicent Sarrià, del PSOE, ha agradecido su información porque contribuye a tranquilizar a la opinión publica, y especialmente a los opositores, y Francisco Sierra, de Sumar ha pedido un cambio en el modelo de gestión para afrontar las «sucesivas crisis» del ente.
Manuel Mariscal, de Vox, ha considerado que el examen se filtró «para hacer fijos a los interinos que los sindicatos mayoritarios han elegido, atendiendo a criterios políticos y no profesionales». «Como se suele decir, blanco y en botella», ha sentenciado.
