María Vicente |
Madrid (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha instado al Partido Popular a posicionarse ante sus votantes sobre la reducción de la jornada laboral que el Gobierno negocia con los agentes sociales, y le advierte de que esta cuestión es una de las que «más trascendencia» tiene en la opinión pública.
«(El PP) no ha dicho nada todavía. Todo el mundo lo sitúa en un lugar determinado, incluido el presidente de la patronal, pero yo no he oído a los dirigentes decir nada», ha señalado Álvarez en una entrevista con EFE.
A su juicio, un eventual voto en contra del PP «sería el peor escenario» para ese partido, por lo que ha confiado en que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo apoye el plan de reducir la jornada máxima legal de trabajo desde las 40 horas semanales de la actualidad a las 37,5 en 2025.
Avances en la negociación
La negociación que mantienen para ello el Ministerio de Trabajo, los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme avanza, en su opinión, «un pasito para adelante, un pasito para atrás».
Lo achaca a la actitud de la patronal, a la que ha pedido que diga claramente si quiere o no negociar. «No deja de sorprendernos la diferencia que hay entre lo que dice públicamente (el presidente de la patronal, Antonio Garamendi)» y la posición de la CEOE en las reuniones.
Tras esa actitud, Álvarez ve una intención de alargar el proceso y de que «el debate muera y no se apruebe en el Parlamento».
Frente a ello, los sindicatos, conscientes de la actual «coyuntura política compleja» del Congreso, quieren llegar a septiembre «con los deberes hechos» y por ello han anunciado movilizaciones a la vuelta del verano para que los partidos políticos sepan que su voto «no va a pasar desapercibido», ha dicho el líder de UGT.
«Queremos que haya un clamor popular», ha dejado claro Álvarez, que ha insistido en el eco que ha tenido esta cuestión en la ciudadanía. «A cada ‘súper’ que voy, siempre encuentro a alguien que me pregunta. A veces hasta hacemos tertulia en la caja, con la gente que está comprando», ha asegurado.
Con ese proceso de movilizaciones quieren tirar por tierra algunos de los argumentos que defiende la patronal, los mismos -ha dicho- que ya esgrimió cuando se redujo a 40 horas semanales la jornada hace más de 40 años y «el mundo no se paró».
Una aplicación «flexible»
También ha rechazado el planteamiento de la patronal de dejar esta cuestión en manos de la negociación colectiva y ha recordado que los sectores con jornadas más largas son precisamente los menos sindicalizados, que son para los que tiene más sentido reducirla por ley.
«No hay que engañar al personal. La negociación colectiva es un instrumento muy poderoso, pero en relación con la jornada de trabajo, en sectores que no están sindicalizados, donde no tenemos gran representación o que no tienen capacidad de lucha, es una quimera», ha dicho.
La negociación para la reducción de la jornada laboral por ley, para la que hay convocada una nueva reunión el próximo lunes, comenzó en enero pasado y recientemente el Gobierno se ha abierto a introducir medidas de flexibilidad en su aplicación para sumar a los empresarios al acuerdo.
Álvarez se muestra abierto a que la reducción de jornada no distorsione la actividad de las empresas y a que puede aplicarse de forma «flexible», siempre que haya un verdadero control de jornada y que la patronal acepte las 37,5 horas por ley, ya sea en cómputo mensual o anual.
Vamos a pelear el coste del despido «juicio a juicio»
Álvarez se ha mostrado orgulloso del fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales, a favor de una reclamación de UGT, que considera que la regulación española de las indemnizaciones por despido improcedente «no son disuasorias ni reparatorias».
Ha recalcado que el fallo es «de obligado cumplimiento» y que tras él, Gobierno y agentes sociales deberían sentarse para ver la forma de adecuarlo a la normativa española, aunque ha añadido que, si las partes no quieren, «no pasa nada: nosotros vamos a pelear juicio a juicio».
A su entender, es necesario que la cuantía de la indemnización permita que la persona despedida injustamente sea resarcida, pero también que sea disuasoria y que no sea cuantificada a priori, para que el empresario no sepa cuánto le costará despedir improcedentemente.
Álvarez confía en cerrar el pacto de pensiones en julio
Sobre la mesa de pensiones abierta en el Ministerio de Inclusión y para la que hay convocada una nueva reunión el próximo lunes, Álvarez ve posible alcanzar un acuerdo en julio porque «hay días suficientes» y la negociación «está avanzada».
Uno de los obstáculos, a su juicio, es que el Ministerio «solo anota lo que cuestan (las medidas) y no lo que se ahorra», algo que ha generado un debate «muy fuerte», en particular en torno al contrato relevo vinculado a la jubilación parcial.
