Madrid (EFE).- Los accidentes laborales causaron 360 muertes hasta junio, 23 más respecto al mismo periodo de 2023, lo que supone un aumento del 6,8 %, según los datos actualizados este jueves por el Ministerio de Trabajo.
De esos accidentes mortales, 299 fueron en la jornada de trabajo, 22 más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que 61 fueron en desplazamientos al trabajo, los denominados «in itinere», uno más.
Por sectores, los servicios acapararon el mayor número de siniestros mortales en jornada con 154, siete más; seguido de la construcción, con 70, dieciséis más que en el mismo periodo de 2023; y la industria, con 48 fallecidos (seis más).
Infartos y derrames cerebrales
La principal causa fue la de infartos y derrames cerebrales con 125 fallecidos, uno menos que el año previo.
Del total, 331 accidentes mortales fueron de asalariados, 35 más que en el mismo periodo de 2023, y 29 correspondieron a trabajadores por cuenta propia, doce menos.
En total, hasta junio se registraron 306.633 accidentes con baja, un 0,2 % más frente a los seis primeros meses de 2023, mientras que se registraron 273.506 accidentes sin baja, un 2,2 % menos.
UGT pide un «plan de choque» y cambios normativos
El sindicato UGT ha pedido la puesta en marcha de un «plan de choque» contra la siniestralidad laboral y también cambios normativos que adapten la legislación a «la nueva realidad de los puestos de trabajo».
Así lo ha indicado UGT este jueves en un comunicado después de conocer los datos del Ministerio de Trabajo, que indican que los accidentes laborales causaron 360 muertes hasta junio, 23 más respecto al mismo periodo de 2023, lo que supone un aumento del 6,8 %.
«Los datos constatan que se está produciendo un repunte de los accidentes de trabajo mortales en el año 2024″, lo que demuestra que «los mecanismos preventivos no están funcionando» y la prevención de riesgos laborales «es una asignatura pendiente».
El sindicato espera que en septiembre, cuando se reanuden las negociaciones en la Mesa de diálogo social para actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, haya ambición para acabar con la siniestralidad laboral.
Reclama un aumento de recursos humanos y materiales para la Inspección de Trabajo, con el objetivo de potenciar el control del cumplimiento de las normas en materia preventiva, además de mayores recursos a la Fiscalía de Siniestralidad Laboral para reducir los tiempos de resolución de sentencias y para la creación de Juzgados especializados.
