Madrid (EFE).- El ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy ha sancionado por un importe de 179 millones de euros a cinco aerolíneas (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea) por prácticas abusivas, como cobrar suplementos por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.
La sanción más elevada es para Ryanair con 107.775.777 euros, seguido de Vueling, con 39.264.412; Easyjet, con 29.094.441; Norwegian, con 1.610.001 euros, y Volotea con 1.189.000 euros, según fuentes del ministerio.
Se trata de la primera ocasión que se da firmeza a sanciones calificadas como muy graves por parte de la istración General del Estado en el ámbito de consumo, cuyo ministerio adquirió competencia sancionadora en junio de 2022.
Las sanciones incluyen además la prohibición expresa de continuar con las prácticas que han sido sancionadas.
Pago de un suplemento por equipaje de mano
En concreto, lo han sido por exigir el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina, de un sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes y por no permitir el pago en metálico en los aeropuertos españoles.
También por imponer una tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque, omisiones engañosas de información y falta de claridad en los precios publicados tanto en su propia web como de terceros, dificultando la comparabilidad de ofertas de precios a las personas consumidoras y la toma de decisión por estas.
Imprimir el billete en la terminal
En el caso de la aerolínea Ryanair además se sanciona una práctica por la cual se cobra una cantidad desproporcionada a los s y a las usuarias por imprimir el billete en la terminal cuando no disponen de él.
Consumo explica que para garantizar la proporcionalidad y efectividad de las sanciones impuestas, así como su efecto disuasorio, el cálculo de las sanciones se ha realizado mediante el criterio del beneficio ilícito obtenido, es decir, calculando la multa con base en los beneficios obtenidos por las compañías aéreas por las prácticas infractoras.
Prácticas calificadas como muy graves
Tal y como establece el régimen sancionador de Consumo para las prácticas calificadas como muy graves, las sanciones que se impongan podrían alcanzar hasta entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido cuando este supere las cantidades de las multas estipuladas (entre 100.001 y 1.000.000 de euros).
Con la orden firmada por Pablo Bustinduy se confirman las sanciones que propuso la Secretaría General de Consumo y Juego hace meses y se desestiman, por tanto, los recursos de alzada interpuestos por estas compañías.
Las compañías pueden interponer recurso contencioso-istrativo ante la Sala de lo Contencios o istrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses. Una vez transcurrido este plazo, si las compañías no han presentado un recurso ante la justicia, la orden será efectiva.
Las aerolíneas recurrirán las sanciones
Las compañías aéreas interpondrán, de manera individual, recursos ante los juzgados de lo contencioso-istrativo y solicitarán medidas cautelares en contra de la decisión de Consumo de sancionar a cinco aerolíneas por cobrar suplementos por el equipaje de mano en cabina.
El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, ha aclarado este viernes en conferencia de prensa que «no existe una decisión común» de las cinco aerolíneas sancionadas por prácticas abusivas (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea), pero ha subrayado que «todas ellas ya han manifestado una postura común de rechazo» frente a esta decisión del Gobierno.
Gándara ha itido que ALA desconoce lo que cada compañía tiene pensado hacer y que cada una de ellas «tomará sus decisiones en lo que considere oportuno», tanto en lo referido al equipaje de mano como a las reservas de asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.
La sanción «con mayor impacto» es la que tiene que ver con los equipajes de mano en cabina, ha aclarado Gándara, quien ha calificado la medida adoptada por el Ministerio de Consumo como «desproporcionada para los sectores aéreo y turístico español» y en contra de la «libertad» de cada compañía.
«La filtración de esta noticia», ha dicho, «agota la vía istrativa de los procedimientos, si bien no va a suponer cambio alguno en la política de las aerolíneas» sobre la materia.
Bustinduy: Ninguna compañía está por encima de la ley
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha asegurado respecto a las sanciones a cinco aerolíneas por prácticas abusivas que «ninguna compañía por grande y poderosa que sea está por encima de la ley».
Este es el mensaje que desde el Ministerio de Bustinduy se ha lanzado tras la sanción por un importe de 179 millones de euros a cinco aerolíneas (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea) por cobrar suplementos por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes, entre otras prácticas.
«No puede haber modelos de negocio que estén basados en la vulneración de los derechos de los consumidores o en prácticas abusivas, y es obligación de este Ministerio velar por la defensa de los derechos de los consumidores. Es lo que estamos haciendo, es lo que hemos hecho al imponer estas sanciones y es lo que vamos a seguir haciendo en todas nuestras actuaciones», ha aseverado Bustinduy en la sede de su departamento.
El responsable de Consumo ha destacado que su Ministerio se está limitando a aplicar la ley en defensa de los derechos de los consumidores.
IATA critica a España por multar aerolíneas bajo coste
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que aglutina a gran parte de las aerolíneas mundiales, condenó la multa a las aerolíneas asegurando que «daña la libertad de precios fundamental para la decisión de los consumidores y la competencia».
«Es una decisión espantosa, que lejos de proteger los intereses de los consumidores es una bofetada a los viajeros que quieren elegir», aseguró en un comunicado el director general de la IATA, Willie Walsh.
«La medida tomada por el Gobierno español es ilegal y debe ser detenida», afirmó el responsable de la asociación, que aglutina alrededor de 300 líneas aéreas.
