Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El consejero canario de Vivienda, Pablo Rodríguez, prevé que la RIC, dotada en la actualidad con 2.000 millones de euros, se pueda materializar desde el verano en comprar o hacer vivienda habitual o en participaciones en el capital de sociedades especializadas en su arrendamiento.
De esta forma se ha referido a la toma en consideración que recibió este martes en el Congreso de Diputados el proyecto de ley promovido por el PSOE y CC para hacer frente a la «emergencia habitacional» del archipiélago que plantea modificar para tal fin la Reserva de Inversiones de Canarias, uno de los instrumentos del Régimen Económico y Fiscal de las isla.
Antes de participar en unas jornadas sobre líneas de financiación para construir viviendas sociales destinadas al alquiler en las que ha intervenido el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca, Rodríguez ha recalcado que todos los mecanismos que ha puesto en marcha el Gobierno que preside Fernando Clavijo suponen ya que se estén construyendo más de 1.000 viviendas públicas y que se vaya a licitar otras 1.000 durante este año.
El consejero ha considerado que también es importante implicar al sector privado en la construcción de vivienda protegida, ya que ha sido el que ha ejecutado el 80 % de la que existe en España.
Para volver a incentivarlo, ha dicho, se propone la modificación de la RIC para que se puedan destinar a vivienda los beneficios empresariales acogidos a esa ventaja fiscal, lo que, a su juicio, contribuirá a incrementar el parque de vivienda asequible y, con ello, a bajar los precios del alquiler.
El responsable autonómico de Vivienda ha explicado que el propósito del Gobierno de Canarias con esta iniciativa es que estas viviendas asequibles promovidas con fondos de la RIC «no sean para alquiler turístico, vacacional o de temporada, sino de uso habitual y que se destinen al alquiler, como mínimo, durante siete años, como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos».
«Cualquier empresario que tribute en Canarias y materialice en la RIC» hasta el 90 % que puede reducirse, por ello, del Impuesto de Sociedades, «podrá invertir en vivienda», ha aseverado.
Respecto a las críticas que ha recibido el Gobierno canario por no aplicar la Ley de Vivienda estatal, Pablo Rodríguez ha manifestado que esta norma tiene muchos artículos, como el referente a la figura de la vivienda asequible incentivada, que Canarias será la primera comunidad en desarrollar, «con lo cual, cumple la ley».
Respecto a la declaración de zonas residenciales tensionadas, ha subrayado que esta comunidad autónoma «no se ha negado» a ello, si bien ha planteado la necesidad de que existan «expedientes que justifiquen esa declaración», que el departamento regional de Vivienda «tendrá que contrarrestar» para comprobar «que la medida es positiva y proceder a aplicarla», o no.
«La ley no obliga a declarar todo zona tensionada», si fuera así, «lo hubiesen hecho ellos», ha referido el consejero, quien ha destacado que la norma da esta potestad a las comunidades autónomas para poder hacerlo en base a las condiciones que dispone. EFE
