Madrid (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado expedientes sancionadores a empresas que istran viviendas turísticas ante la sospecha de que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y s.
Según un comunicado emitido este jueves, los datos recopilados por la Dirección General de Consumo constatarían que estas compañías estarían ocasionando «lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y s de forma generalizada» al estar ofreciendo información falsa o que puede inducir a error.
Multas de hasta 100.000 euros
Esto es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular o varias, cuando en realidad se trata de una empresa, prácticas que pueden llegar a calificarse como infracciones graves y recibir multas de hasta 100.000 euros.
No obstante, el Ministerio recalca que esta cantidad se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido cada empresa por haber llevado a cabo estas prácticas posiblemente engañosas.
Consumo considera que estas plataformas de alquiler turístico podrían estar realizando prácticas engañosas y alterar el comportamiento económico, como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.
«Afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, así como presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o », detalla dicha ley.
Investigación sobre alquiler de alojamientos turísticos
Esta apertura de expedientes sancionadores tiene su origen en la investigación puesta en marcha desde el departamento que lidera Pablo Bustinduy el pasado diciembre, a partir de la cual se requirió información a diversas empresas que operan en todo el territorio nacional comercializando cientos de alojamientos turísticos en régimen de alquiler.
En aquel momento, fuentes del sector confirmaron a EFE que Consumo había abierto un expediente sancionador a la plataforma Airbnb tras haberle solicitado que retirara «de forma inminente» miles de anuncios con publicidad «ilícita».
