Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas semanales sin tener cerrados los apoyos parlamentarios para su entrada en vigor, una responsabilidad que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha atribuido al PP, ya que con Junts ve margen para la negociación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha dejado claro que el Gobierno está negociando con todos los grupos parlamentarios para buscar los apoyos necesarios con los que sacar adelante esta norma que, ya de entrada, se encontrará con la enmienda a la totalidad anunciada por Junts y con el rechazo del PP.
«El Gobierno ha cumplido (…) ha hecho lo que tenía que hacer», ha subrayado Díaz que ha interpelado directamente al PP de cara al trámite parlamentario que ahora encara la norma: «¿Va a maniobrar el señor Feijoo para tumbar la reducción de la jornada como hizo con la reforma laboral? Está en las manos de 137 diputados del PP».
A su juicio, «cuando alguien practica la política como arma de destrucción se convierten en la nada», refiriéndose al PP, al que le ha pedido su apoyo ahora que «tiene la oportunidad de demostrar si prefiere golpear al Gobierno o cambiar la vida de la gente».
Díaz: avanza en una España que va a ser mejor
Díaz ha asegurado que esta iniciativa, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos -del que se descolgó la patronal-, «avanza en una España que va a ser mejor, modernizamos las empresas, el mundo del trabajo y ayudamos a que la gente sea un poco más feliz».
Ha reconocido que la norma tiene «poderosos adversarios», pero ha añadido que «ahora la voz la tienen las formaciones políticas» y se ha mostrado segura de que su tramitación servirá para abrir «un debate de país».
Y preguntada por el veto presentado por Junts, ha dicho que «hay margen para la negociación» y ha apuntado a que esta enmienda a la totalidad forma parte de los entresijos de las negociaciones.
«Nadie se atreve a decir que está en contra (…) no lo dicen porque esta norma está ganada en la calle», ha apuntado.
«Hay margen para la negociación», ha enfatizado Díaz, que ha apuntado a las ayudas a empresas como uno de esas herramientas de negociación.
Una norma que afecta a 12 millones de trabajadores
«El Gobierno sabe muy bien a quien representa (…) es el Gobierno de los trabajadores», ha añadido la titular de Trabajo que ha enfatizado que la norma afecta a 12 millones de personas, de los que la mitad se concentran en Madrid, Andalucía y Cataluña.
Díaz también ha incidido en que la norma afecta especialmente a las mujeres, con peso mayoritario en el empleo a tiempo parcial, y a sectores claves como el comercio, la industria, la hostelería o la construcción.
Asimismo, ha destacado que el cambio se enmarca en un contexto de incremento de los márgenes empresariales que han crecido, ha ejemplificado, un 24 % desde 2019 en el caso del comercio, un 35 % en la hostelería o del 36 % en el de la agricultura.
En promedio, añade Trabajo, la reducción de la jornada laboral será del 2,1 %, que equivale a 48 minutos por semana.
Desde el año 1983, subrayan, la productividad real por hora trabajada ha aumentado en España un 53 % mientras que la remuneración real de los asalariados solo un 22 %.
La nueva norma incluye mejoras en el registro de jornada, para hacerlo digital y accesible en remoto para el trabajador y para la Inspección de Trabajo, convirtiéndolo en «un instrumento esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa de tiempo de trabajo».
Además, se garantiza de manera más efectiva el derecho a la desconexión digital, al tiempo que se aumentan las sanciones por el incumplimiento de la medida, haciendo que sean aplicadas por persona trabajadora y no por empresa como hasta ahora.
Trabajo amplía a todas las empresas el plazo
El Ministerio de Trabajo ha dado a todas las empresas, y no solo a las que tengan convenio colectivo, de plazo hasta final de año para adaptarse a la reducción de jornada a 37,5 horas semanales.
Según consta en el proyecto de ley aprobado este martes, se ha ampliado a todas las empresas una posibilidad que en la primera versión se ceñía a las que tenían comisiones negociadoras de convenios colectivos.
«Las empresas que no dispongan de convenio colectivo de aplicación en vigor dispondrán del plazo fijado en el párrafo anterior para realizar las adaptaciones previstas en él mediante la negociación con una representación de las personas trabajadoras», añade.
Con este cambio, todas las empresas, independientemente del día en que se publique la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tendrán hasta final de año para poder adaptarse a un cambio cuyos plazos definitivos dependerán de un trámite parlamentario que se anticipa complejo.
CEOE avisa del aumento de costes
La CEOE ha advertido este martes de que la reducción de la jornada laboral será «una vuelta de tuerca más» en los costes y las dificultades organizativas que afrontan las empresas, lo que afectará «a la práctica totalidad» de los convenios colectivos.
La confederación empresarial ha recordado en un comunicado el impacto negativo que ya ha tenido para muchos sectores y empresas «la fatiga regulatoria de los últimos meses» y ha insistido en la importancia de garantizar la seguridad jurídica y la contención de los costes y de dejar que empresas y trabajadores se autorregulen a través de la negociación colectiva.
Por su parte, la patronal de las agencias de colocación Asempleo ha asegurado en otro comunicado que el método elegido para llevar a cabo esta reducción de la jornada laboral ha logrado «la paralización generalizada de un número considerable de negociaciones de convenios», al tiempo que «ha inutilizado» el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC) suscrito entre patronal y sindicatos.
Para Asempleo es urgente recuperar el diálogo entre sindicatos y empresarios, «empoderar a la negociación colectiva» y establecer un ritmo de ajustes de las jornadas de trabajo de acuerdo con cada sector y empresa.
Lorenzo Amor: será la puntilla para los autónomos
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha asegurado este martes que la reducción de la jornada laboral que planea el Gobierno «va a ser la puntilla para muchos autónomos y pequeñas empresas».
«Se hace por oportunismo político y por imposición, sin el más mínimo consenso y acuerdo con los agentes sociales, esto no es diálogo social», ha protestado Amor, y ha instado a los grupos parlamentarios en el Congreso a que «apoyen la economía y apoyen al tejido empresarial».
Amor, que ha participado en la presentación en Tenerife el primer barómetro autonómico del trabajador autónomo de Canarias, elaborado por su organización y el Gobierno regional, ha vaticinado que la reducción de jornada, cuya aprobación prevista para este martes ha sido aplazada por el Consejo de Ministros, conllevará destrucción de empleo.
En España hay 63.000 empleadores menos que en 2019 y esta reducción de jornada supondrá un coste de 23.400 millones de euros al tejido empresarial, así que «no están ni los autónomos ni las pequeñas empresas preparadas para este nuevo palo», en su opinión.
Junts deja claro su «no» a la reducción de la jornada laboral
Junts ha dejado claro su rechazo al proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros para reducir la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas semanales, y ha advertido de que si sale adelante será con el apoyo del PP.
«Si el Gobierno del PSOE, Sumar y todos sus socios tienen tan claro que sacarán esta ley adelante, será porque han pactado con la derecha española», ha advertido la portavoz parlamentaria de Junts, Miram Nogueras, en declaraciones a los periodistas en el patio del Congreso.
La diputada ha hecho estas declaraciones para dejar «clarísima» la posición de su grupo que, ha recalcado, es un «no» al texto aprobado este martes por el Gobierno, sin tener aún los apoyos parlamentarios cerrados para su entrada en vigor.
