Madrid (EFE).- La oferta de vivienda en alquiler de larga estancia ha caído más de un 50 % desde que hace dos años entrara en vigor la ley de vivienda, mientras la demanda ha crecido más de un 20 %, según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) y la Sociedad Española de Alquiler Garantizado.
Según su estudio, la alta presión de la demanda y la reducción de la oferta ha expulsado de las grandes ciudades al 30,7 % de los inquilinos en el último año.
La encuesta realizada por FAI indica que el 42,9 % de las agencias han notado un descenso de la oferta superior al 50 %; el 10,9 % lo sitúan entre el 40 y 50 %; el 13,9 % entre el 30 y 40 %; el 10,6 % entre el 20 y 30 %; el 4,3 % entre el 10 y 20 % y el 1 % entre el 0 y 10 %. Por otra parte, el 8 % asegura que el ‘stock’ se ha mantenido igual y un 8,4 % señala que ha habido un aumento.
Inseguridad jurídica de los pequeños arrendadores
El presidente de FAI, José María Alfaro, asegura en un comunicado que el problema de la vivienda se ha agravado «claramente» desde la aprobación de la ley en 2023, que en su opinión genera inseguridad jurídica a los pequeños arrendadores y que está provocando un incremento de los seguros o garantías de impago.
En este sentido, indica que la escasez de vivienda disponible para alquiler de larga duración se ha extendido a todo el territorio, incluso a la segunda y tercera periferia, que es hacia donde se está desplazando la demanda. Un «éxodo urbano» que ve casi inviable teniendo en cuenta los altos precios en las grandes ciudades.
Esta situación, agrega, está provocando que miles de jóvenes no puedan emanciparse o que retrasen decisiones vitales como formar una familia. «El problema ya no es solo acceder a una vivienda, sino acceder a un proyecto de vida digno», recalca.
Alfaro entiende que ante la mayor crisis habitacional de los últimos 50 años, el Gobierno tiene que activar un gabinete de crisis para abordar las soluciones de una forma transversal -con políticas que abarquen urbanismo, transporte, fiscalidad y desarrollo territorial- y ve necesario que Ejecutivo y oposición «remen en la misma dirección», dejando de lado las posturas ideológicas.
