Mérida (Badajoz) (EFE).- La causa abierta al exalcalde de Trujillo (Cáceres) Alberto Casero, quien se enfrenta a ocho años de prisión por presuntos delitos de prevaricación y malversación en su etapa municipal, celebra este martes una audiencia previa al juicio para que las partes traten de alcanzar un acuerdo.
El objeto de esta audiencia previa, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Cáceres, es intentar alcanzar un acuerdo, proponer -itir o rechazar- pruebas, abordar cuestiones procesales y establecer el objeto y extremos del procedimiento.
La Fiscalía pide ocho años de prisión
El Ministerio Fiscal pide para Casero, diputado nacional en la legislatura pasada, ocho años de prisión, la inhabilitación absoluta durante 20 años y el pago de una indemnización cercana a los 70.000 euros al consistorio por presuntos delitos de prevaricación y malversación en su etapa municipal.
Casero, alcalde esta localidad cacereña entre 2011 y 2019, se enfrenta a este tipo de delitos en relación a presuntas irregularidades en cinco contratos.
Casero, diputado entre 2019 y 2023
Diputado nacional entre 2019 y 2023, Casero renunció de forma voluntaria a esta acta y su baja del partido en marzo de este año tras la propuesta del Tribunal Supremo de juzgarle por posibles delitos relacionados con cinco contratos municipales.
El magistrado del Supremo explicaba que el entonces alcalde de Trujillo concertó con diferentes personas y entidades, entre marzo de 2017 a diciembre de 2018, una serie de contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto, por la normativa aplicable en cada caso.
Añadía que esta normativa «establecía formalidades encaminadas cuando menos a que constara su existencia en el Consistorio mediante la apertura del correspondiente expediente conteniendo la debida resolución por parte del órgano de contratación aprobando el gasto, con justificación de su necesidad y la posterior aportación de la factura correspondiente a los trabajos objeto del contrato».
De hecho, el magistrado apuntaba «vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios que además de periódicos se prestaban a entidad en la que el municipio sólo era una parte; plenamente subsumibles en el ilícito de prevaricación».
El Ministerio Público, en su escrito provisional, considera que en estos hechos también habría un delito de malversación.
Casero itió «irregularidades istrativas»
Esta causa tiene su origen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo, que abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a contratos, acuerdos o convenios concertados con terceros por parte de Casero en su etapa como alcalde.
Dado que Casero era diputado nacional, el procedimiento pasó al Tribunal Supremo (TS). En su comparecencia ante el instructor en junio de 2022, Casero itió «irregularidades istrativas» en las adjudicaciones de cinco contratos públicos, pero rechazó haber incurrido en una prevaricación o malversación de caudales públicos.
Entre esos contratos, el auto hace referencia a que el 3 de marzo de 2017 Casero contrató a un psicólogo para atender a mujeres víctimas de violencia de género, y cobró cuatro facturas de 6.120 euros.
Seguidamente, el 29 de agosto de ese mismo año suscribió otro contrato menor con el mismo psicólogo, con duración de un año y por 18.000 euros.
Secretario de organización bajo la dirección de Pablo Casado, donde trabajaba a las órdenes de Teodoro García Egea, Casero fue el diputado que con su voto a favor permitió aprobar la reforma laboral.
Tras dejar su acta, el procedimiento fue devuelto al ámbito judicial cacereño.
