Palma (EFE).- Un informe de la Oficina Anticorrupción de Baleares sobre la compra de mascarillas a la empresa ligada a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, asegura que la sociedad contrató con el Ministerio de Sanidad la compra de material valorado en 40,5 millones de euros durante la pandemia de covid-19.
El organismo de fiscalización balear realizó un informe sobre todas las adquisiciones de mascarillas y otros materiales sanitarios por parte del ejecutivo de las islas en 2020, en el que analizó entre otros el contrato de 3,7 millones de euros por casi 1,5 millones de mascarillas FFP2 con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la sociedad relacionada con Koldo García.
Al analizar los datos de esa empresa y tras consultar la Plataforma de Contratación del Sector Público, la Oficina Anticorrupción balear constató que la empresa ahora bajo sospecha contrató con el Ministerio de Sanidad la compra de material valorado en 40,5 millones de euros durante la pandemia.
La empresa no había suministrado productos sanitarios antes
El informe subraya además que la empresa, que tenía como apoderado a Íñigo Rotaeche Lachiondo, uno de los detenidos por presunto cobro ilegal de comisiones, nunca había tenido contratos de suministro de material de protección sanitaria antes de la declaración del estado de alarma.
La sociedad limitada Purdey Investment, que figuraba como único, tenía a su vez como a José Ángel Escorial, quien, según recoge la Oficina Anticorrupción, fue investigado en el caso ‘Paradise Papers’ por la propia Audiencia Nacional en 2019 en el marco de unas pesquisas sobre posibles pagos de sobornos de la empresa Mercasa a funcionarios públicos en Angola.
Mascarillas de calidad insuficiente para ser FFP2
En cuanto al contrato con el Servicio de Salud de Baleares, en el informe se pone de manifiesto que la istración autonómica abonó a la empresa relacionada con Koldo García 3,7 millones de euros por las mascarillas y casi 57.000 euros por gestiones y transporte.
Los casi 1,5 millones de mascarillas adquiridas llegaron a Palma en la primavera de 2020 y, tras ser analizadas, resultaron ser de calidad insuficiente para ser consideradas de tipo FFP2, por lo que el Gobierno balear acabó reclamando a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas 2,68 millones de euros en concepto de indemnización por sobrecoste.
Las mascarillas quedaron guardadas como reserva en un almacén de la istración pública donde permanecen aún y las arcas públicas de las islas no han recibido el dinero reclamado a la empresa bajo sospecha.
