Madrid (EFE).- El Defensor del Pueblo recibió 35.603 quejas de la ciudadanía en 2023, un 13,2 % más que en 2022, y su última memoria vuelve a denunciar la saturación de los servicios de atención al ciudadano de las istraciones públicas, sin citas suficientes y, en ocasiones, con años de espera para trámites vitales.
La mayoría de las quejas se centraron en problemas y retrasos en la istración de justicia, la Seguridad Social, interior, asilo, educación y sanidad.
Sin citas y con años de espera
Son miles las quejas gestionadas por la institución por los problemas para presentar una solicitud de asilo o refugio, conseguir cita en el registro civil o contar con atención personal para realizar gestiones tributarias o de empleo.
Como ejemplo de esta situación, el Defensor tacha de «inaceptable» que haya más de 70.000 expedientes de homologación de títulos universitarios extranjeros pendientes, o que las quejas sobre los retrasos para la valoración del grado de discapacidad se hayan triplicado desde 2019.
El informe destaca también que las quejas relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) han ido en aumento desde su puesta en marcha y recomienda cambios organizativos y legislativos para garantizar que la prestación llega a todas las personas que la necesitan.
El doble de quejas por las listas de espera sanitarias
El número de quejas recibidas entre 2021 y 2023 por las listas de espera «se ha más que duplicado» en el sistema sanitario y el Defensor alerta de la «creciente tensión» en la atención especializada, un problema de todas las comunidades autónomas.
Destacan las quejas por los tiempos de espera, la insuficiencia de recursos en salud mental, la saturación de los servicios de atención primaria y de urgencias hospitalarias y las dificultades para acceder a tratamientos de última generación de muy alto coste.
Atribuir la tutela de los menores migrantes a ONG
Un apartado importante del informe está dedicado a Canarias, que acoge a más de 5.370 menores migrantes no acompañados.
El Defensor alerta de que el archipiélago no puede seguir asumiendo en solitario esa acogida y plantea la posibilidad de suscribir convenios con ONG, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores para atribuirles la tutela de estos niños y adolescentes.
Su propuesta se conoce el día después de que varias comunidades rechazaran un plan para trasladar a la península a 470 menores desde Canarias. La solidaridad es «insuficiente» y hacen falta medidas legislativas, ha manifestado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al presentar su informe en el Congreso.
Investigación sobre los abusos a menores tuteladas
La institución, que inició en 2022 una investigación sobre los casos abusos y agresiones sexuales a menores tutelados, lamenta que no hayan sido objeto hasta ahora de un «tratamiento transparente, ordenado y sistemático» y denuncia la «disparidad» e «insuficiencia» de los datos que le han enviado las comunidades autónomas.
A modo de ejemplo, Navarra, con 940 menores en el sistema de protección, informó de 42 casos en un periodo de cuatro años. Madrid, con 6.200 menores protegidos, contabilizó 21 casos en cinco años.
A pesar de la información «desigual», extrae algunas conclusiones: en la mayor parte de los casos el menor residía en un centro y, en muchas ocasiones, los abusos se detectaron gracias a los educadores. La mayoría de las víctimas son niñas (81,4 %) de entre 14 y 17 años.
Violencia escolar más grave
Aunque no se ha observado un aumento significativo en el número de quejas sobre violencia escolar, sí se ha incrementado su gravedad y el Defensor pide revisar la eficacia de las medidas de prevención y la nueva figura del coordinador de bienestar, que «en muchos casos» no cuenta con tiempo ni formación suficiente.
En el ámbito educativo vuelve a reclamar una oferta suficiente de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil.
Lentitud de la justicia
Un año más el Defensor destaca los centenares de quejas recibidas por dilaciones judiciales y alerta de retrasos «estructurales» ante el aumento constante de casos, la insuficiencia de medios personales y la deficiencia de la planta judicial.
Como asunto recurrente reseña los retrasos en las demandas de reconocimiento de incapacidades permanentes: no son asuntos de tramitación preferente y, ante la sobrecarga de los juzgados de lo social, se están generando situaciones «dramáticas» para personas que no pueden trabajar y se ven obligadas a acudir a la justicia.
Del Bono de Alquiler a las Cercanías
En 2023 la institución recibió un elevado número de quejas por los retrasos a la hora de acceder el Bono Alquiler Joven, problemas registrados en Andalucía, la Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia.
El Defensor pide también simplificar la «compleja y confusa» regulación para presentar reclamaciones en materia energética y alerta de que los problemas en los servicios ferroviarios de cercanías siguen siendo una fuente «reiterada» de quejas.
Un año más el informe recoge asimismo constantes quejas de ciudadanos extranjeros ante las dificultades para abrir o mantener una cuenta bancaria.
Verdad y justicia para las víctimas del terrorismo
El Defensor recuerda la obligación de los poderes públicos de preservar la memoria de las víctimas del terrorismo impulsando actos de reconocimiento, especialmente a aquellos dirigidos a los más jóvenes.
Respecto a las víctimas de ETA, constata dificultades para alcanzar «la verdad y la justicia» en los crímenes no resueltos; la subsistencia de homenajes a etarras; limitaciones del ordenamiento jurídico para responder al enaltecimiento del terrorismo; o diferencias entre las indemnizaciones de los afectados.
Obstáculos para las víctimas de violencia machista
La institución ha detectado problemas en la acreditación de la condición de víctima de violencia machista (esencial para acceder a la atención y las ayudas), pues existen sistemas diferentes en función de si se trata de violencia de género, sexual, contra menores o machista por parte de un agresor desconocido.
El proceso se «convierte en una carrera de obstáculos» con distintas instancias y hace que las víctimas entiendan que las istraciones «no las escuchan, no las creen o no las atienden», por lo que pide a Igualdad que homogeneice los sistemas y que se permita a entidades privadas (psicológicas o sanitarias) emitirlos.
Problemas de las niñas y mujeres privadas de libertad
Otro apartado está dedicado a las mujeres presas y a las menores infractoras, sobre las que, según ha comprobado, se emplean más medidas de fuerza y contención que a los varones, por parte de un personal de seguridad en el que escasean las mujeres.
En el caso de las jóvenes, denuncia «un tratamiento discriminatorio» en el a atención en salud mental, como los programas de adicciones, y «una mayor medicalización psiquiátrica» en varios centros.
Nuevos testimonios de abusos en la Iglesia
Se han registrado 180 nuevas solicitudes de testimonios que acudieron al Defensor del Pueblo como víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, de las que se tomaron como válidas 95 después de que la institución presentase en octubre el informe que le había encomendado el Congreso de los Diputados.
Ese informe contiene los testimonios de 487 víctimas y recoge los resultados de una encuesta en la que el 1,13 % de los españoles mayores de edad revela que ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6 % por parte de un sacerdote.
