Madrid (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha instado este lunes a que no se especule con la autoría de la infección de los teléfonos móviles de varios del Gobierno, entre ellos el del presidente Pedro Sánchez y el suyo propio, y ha dejado claro que ese espionaje no ha afectado a la seguridad nacional.
Porque, según ella, la información que pudo ser espiada no estaba clasificada como secreta y era estrictamente de carácter privado y personal.
Robles, que ha comparecido en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional a petición del Grupo Popular, ha recordado que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que continúa con las pesquisas sobre esta infección con el programa Pegasus, solicitó a finales de abril nuevos datos a Francia para comprobar si el espionaje a dispositivos de ese país fue realizado por los mismos autores que en España.
En concreto, desde hace más de un año el magistrado investiga la infección en cinco ocasiones del móvil de Pedro Sánchez, y también de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas, entre 2020 y 2021.
Solo datos personales e íntimos
Robles ha insistido, tal y como informó el Gobierno en mayo de 2022 tras denunciar los hechos y después de los informes del Centro Criptológico Nacional (CCN), que los terminales infectados no contenían información clasificada como secreta o reservada y sí datos personales e íntimos de los titulares de esos móviles, razón por la que los mismos acudieron al juzgado.
Desde que el juez abrió diligencias, ha apostillado la ministra, «no se ha tenido conocimiento de que se haya visto comprometida la seguridad nacional derivada de las infecciones citadas».
«No existe ninguna información contrastada, dato técnico, relevante o hecho acreditado que vincule las infecciones referidas con una supuesta quiebra de la seguridad nacional», ha enfatizado.
Después, ha dejado claro que el Gobierno es el primer interesado en conocer quién ha estado detrás de estos hechos y que «está colaborando y seguirá colaborando con la autoridad judicial para llegar al conocimiento probado de quién ha realizado estas infecciones».
Pese a la insistencia de la mayoría de los portavoces para que Robles hablara de la sospecha de que Marruecos, como apuntó el Parlamento Europeo, o incluso Israel, estuvieran detrás de esa infección con el programa Pegasus -que vende Israel-, la ministra ha dicho: «No puedo especular, ni quiero, ni debo».
En su opinión, lo importante es que los jueces hagan su trabajo y que se esclarezca con razones fundamentadas.
La titular de Defensa ha desvinculado el espionaje a los móviles del Gobierno de las 18 intervenciones «con control y autorización judicial» a abogados, periodistas y políticos catalanes relacionados con el independentismo, pero no se hicieron por persecución política sino por sospecha de vulneración de la legalidad.
La oposición duda de que el espionaje no afectara a datos sensibles
Mientras, el diputado del PP Rafael Hernando ha reprochado al Gobierno que ocultara durante un año que los móviles habían sido hackeados y se ha mostrado convencido de que en estos dispositivos había información que puede comprometer la seguridad nacional.
En este sentido, ha recordado que el del propio presidente del Gobierno contenía tres gigas y ha ironizado: «Qué vida íntima y personal de gran capacidad» tiene Pedro Sánchez.
«Un poco de respeto al presidente del Gobierno que también es su presidente», le ha replicado la ministra a Hernando, a quien ha explicado que ella no almacena información reservada en su móvil porque cuando acude a reuniones deja el teléfono fuera.
Hernando ha explicado que el Ejecutivo anunció que habían sido espiados justo después de que lo denunciaran políticos independentistas, y ha opinado que fue así porque «era lo mejor para quitarse una patata caliente». «No nos tomen el pelo; han hecho muy mal ocultando la información», ha concluido.
Al igual que el diputado popular, otros portavoces también han mostrado su extrañeza por esa tardanza y en el caso de Mikel Legarda, del PNV, y Jon Iñarritu, de EH Bildu, han dudado de que esa infección no haya afectado a la seguridad porque, de hecho, ha demostrado que el mero hecho de hackear los móviles del presidente y de ministros ya demuestra una falla en esa seguridad.
«Puede no ser información clasificada, pero sí sensible», ha considerado el diputado de Junts Isidre Gavin, quien se ha preguntado si no se habrá utilizado el Pegasus en contra del independentismo.
Para Félix Alonso Cantorné, de Sumar, «no es descabellado» responsabilizar al Gobierno de Israel de esa infección «por acción o por dejación», ya que solo se puede adquirir el Pegasus con consentimiento de ese país.
Durante la intervención de los diferentes grupos no han faltado reproches al Gobierno por, según ellos, no colaborar con el juez Calama, como el mismo magistrado ha recriminado en alguna resolución.
