Madrid (EFE).- El titular del Juzgado de Instrucción numero 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha aceptado la petición de la Fiscalía Europea y ha decidido inhibirse en su favor en la investigación de parte de la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
En una resolución fechada el día 7 de junio, el juez acepta la avocación realizada por la Fiscalía Europea exclusivamente respecto de los hechos y delitos «relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley».
Peinado adopta esa decisión «sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en las que se vieran afectados fondos europeos».
La Fiscalía Europea solicitó hacerse cargo de esa parte de la instrucción porque entiende que tras analizar los hechos tiene la competencia al estar en juego fondos europeos.
La causa contra Begoña Gómez por la denuncia de Manos Limpias tiene dos ramas: una afecta al uso de fondos europeos en contratos públicos adjudicados por Red.es a Barrabés, director del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía con Begoña Gómez.
La otra, a un supuesto vínculo de la esposa del presidente con el rescate a Globalia, que la Audiencia Provincial ve como una «simple conjetura» de hechos «inverosímiles», por lo que pidió al juez centrar la investigación en las adjudicaciones al empresario.
Con esta decisión, el juez Peinado, que dirigía la investigación, hasta ahora dejará esa parte completamente en manos de la Fiscalía Europea.
Hoy mismo el juez Juan Carlos Peinado ha acordado suspender las declaraciones de varios testigos previstas para este domingo.
Suspendidas las testificales
El juez ha acordado suspender las declaraciones de varios testigos previstas este domingo, una decisión adoptada un día después de que la Fiscalía Europea le reclamase la parte principal de la causa.
Peinado ha dictado una providencia, a la que ha tenido EFE este martes, «a la vista de la avocación realizada por la Fiscalía europea» al considerar que en algunos contratos investigados se habían comprometido fondos europeos.
Por el momento, el magistrado no ha adoptado ninguna decisión sobre la declaración de Begoña Gómez como imputada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, fijada el próximo 5 de julio, según informan a EFE fuentes jurídicas.
Se suspenden, por tanto, las declaraciones de David Cierco, director general de la empresa pública Red.es hasta 2021; de su sustituto, Alberto Martínez Lacambra, y las de Luis Prieto e Ignacio Espejo-Saavedra, director de Economía Digital y director adjunto de la Asesoría Jurídica de Red.es, respectivamente.
Mantiene la citación de Luis Martín Bernardos, que fue presidente del grupo Barrabés, adjudicatario de varios contratos que se investigan, si bien la pospone al 15 de julio.
Respecto al empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos investigados y director del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía con Begoña Gómez, también ha suspendido su citación este domingo «a la vista de los informes médicos» sobre su estado de salud y a la espera de que el centro médico donde está ingresado conteste sobre la posibilidad de tomarle declaración.
La Fiscalía reclama al juez la parte principal del caso
A la espera de saber qué ocurre con la citación de Gómez, la Fiscalía Europea ya ha reclamado al juez la parte principal del caso, que afecta a las adjudicaciones de contratos públicos a Barrabés, al considerar que tiene competencia al poder estar comprometidos fondos europeos.
El reglamento de la Fiscalía Europea establece que cuando ejerza su derecho de avocación sobre una causa, «las autoridades competentes de los Estados le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito».
No obstante, si el juez Peinado discrepa de la tesis de la Fiscalía Europea puede plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, que es el que decidirá quién se queda el caso.
