Madrid (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este viernes al PP que aceptar el reparto de migrantes en las comunidades donde gobiernan ambas formaciones «iría claramente en contra del espíritu y la letra de los pactos regionales» acordados entre ambos partidos.
Así lo ha señalado Abascal, durante la clausura de la Asamblea General Ordinaria del partido, en referencia a la reforma de la Ley de Extranjería planteada por el Gobierno central y canario para establecer un reparto obligatorio entre las comunidades de los migrantes llegados a zonas con sus recursos ya tensionados.
Una propuesta para la que ambos Ejecutivos buscan recabar el apoyo de los grupos políticos para su futura tramitación parlamentaria, especialmente del PP, que hasta ahora ha mostrado sus reticencias con el actual texto y ha pedido que se tenga en cuenta a las comunidades autónomas para llevarla a cabo.
Acusa al PP de complicidad
En referencia a esta reforma, Abascal ha señalado que los Ejecutivos autonómicos donde está Vox «son amenazados con repartir inmigrantes ilegales en todos esos Gobiernos».
Y se ha referido al PP como «cómplice» de ello, así como de «regularizar de golpe a medio millón de personas que han entrado ilegalmente en España», en referencia la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de extranjeros que se encuentra ahora en tramitación parlamentaria.
«Si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada, nosotros cumpliremos con el compromiso de nuestros votantes, cumpliremos nuestra palabra», ha concluido sobre este asunto.
Los acuerdos autonómicos de PP y Vox
Ninguno de los acuerdos de Gobierno alcanzados entre PP y Vox para formar Gobierno en cinco comunidades autónomas -Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y Extremadura- hacen referencia expresa a la acogida de menores migrantes no acompañados en sus territorios.
En el caso de Aragón, se pactaron algunas medidas en materia de inmigración, como exigir la acreditación de permiso de residencia y no solo el certificado de empadronamiento para acceder a ayudas autonómicas y suprimir «cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos».
Los acuerdos en la Comunidad Valenciana y Murcia también recogen esta supresión de ayudas a entidades y una especial atención a «las mafias organizadas» como puntos de compromiso en este ámbito.
En Castilla y León, de forma más general, se pactó promover «una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León», mientras que el acuerdo de Extremadura no hace ninguna referencia a políticas de inmigración.
Feijóo dice que esas autonomías serán solidarias
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que todas las comunidades autónomas en las que gobierna el PP, en solitario o con Vox, han cumplido su obligación de solidaridad en la acogida de menores migrantes y seguirán cumpliéndola.
Feijóo ha hecho esta aseveración preguntado por el aviso de Vox, que baraja romper los Gobiernos de coalición del PP, que mantienen en cinco autonomías -Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Región de Murcia- si los populares aceptan la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto obligatorio de menores migrantes entre todas las autonomías.
Además, en declaraciones a los periodistas tras un acto público en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, Feijóo ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de no tener política migratoria, en un momento en el que el Ejecutivo está impulsando la reforma de la Ley de Extranjería junto a Canarias, región cogobernada por el PP.
«Vamos a seguir poniendo a disposición toda la capacidad instalada en centros de menores en todas las comunidades autónomas, coordinadas por el PP (…) el problema se produce cuando todos los centros de menores en comunidades autónomas están llenos, están repletos y hay muchas dificultades para mantener la dignidad de esos menores en esos centros», ha subrayado.
