Madrid (EFE).- Podemos ha insistido en exigir a Pedro Sánchez que rompa su acuerdo con el PP para renovar el Poder Judicial y modificar la ley tras hacerse público un infome judicial que «detalla el espionaje ilegal» al que fueron sometidos los diputados morados por parte «de la policía patriótica del Partido Popular».
En vísperas de que el Congreso tumbe mañana las dos enmiendas de totalidad que se han presentado a la reforma de la ley del Poder Judicial (una de Podemos y otra de Vox), los morados han vuelto a emplazar al PSOE a que busque, junto a la mayoría de la investidura, una fórmula para desbloquear el CGPJ y abordar su reforma.
Según una información que publica El País, la «policía patriótica del PP» espió a los 69 diputados que Podemos obtuvo en las elecciones de diciembre de 2015 a través de las bases de datos de Interior, entre ellos Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero.
«Una muestra más de la cacería política del PP»
Para Podemos, esta noticia «es una muestra más de la cacería política, policial, judicial y mediática del PP para intentar acabar con su principal adversario político e impedir un cambio de Gobierno».
Y pone de relieve, ha añadido la formación morada, que este rastreo masivo de sus diputados «orquestado por altos mandos del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, se produjo sin amparo judicial y de forma prospectiva», es decir, ordenando a agentes de Policía «que actuaran al margen de la ley» contra representantes de Podemos.
Esto demuestra, de acuerdo con los morados, que «acabar con Podemos fue uno de los principales objetivos del Gobierno de Rajoy».
Y aunque no lo consiguieron, ha señalado Podemos, «la guerra sucia» que continuó con otras operaciones, como el caso Neurona sobre la supuesta financiación ilegal del partido que el juez archivó a finales del año pasado, ha infligido «un importante desgaste» al partido.
Al entender que «no hay regeneración ni democratización posible de la mano del PP», Podemos ha vuelto a reclamar a los socialistas que se descuelguen del acuerdo suscrito con Alberto Núñez Feijóo sobre el poder judicial.
