Madrid (EFE).- Madrid, Andalucía, Aragón, Murcia y Comunitat Valenciana (cuyo recurso formalizará durante las próximas horas) avivaron este lunes la ofensiva en el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía relacionada con el procés independentista, a la que se ha unido Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page.
El tribunal de garantías celebrará este martes un pleno para itir a trámite el recurso del Tribunal Supremo, que es uno más de una lista no corta, precisamente.
Madrugador ha sido el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, al que a largo de la jornada siguieron Aragón, Cantabria y Andalucía. Se espera que la Comunitat Valenciana, cuyo presidente es el popular Carlos Mazón, interponga el recurso en unas horas.
Prueba de que el PP ha lanzado una ofensiva jurídica son las recusaciones a algunos magistrados del Tribunal Constitucional.
Conde Pumpido, bajo el foco
Madrid, así, ha pedido la recusación de Cándido Conde Pumpido (actual presidente), Juan Carlos Campo (exministro de Justicia que ya avanzó hace unos días que se apartaría del debate) y Laura Diez. Alegan «su pública y notoria vinculación con el PSOE», lo que les «inhabilita», según la presidenta madrileña, «para enjuiciar la constitucionalidad» de esta norma.
El recurso fue anunciado por la propia Díaz Ayuso en un desayuno informativo, durante el cual contra una ley que considera «escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña, arbitraria y obscenamente inconstitucional».
Según la mandataria madrileña, esta norma «supone otro paso más» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «en su operación de la destrucción del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mínima».
Tras el aval solicitado en el mes de junio a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, el Gobierno madrileño ha dado el paso definitivo y ha presentado el recurso de inconstitucionalidad.
«Ni en el PP ni en la Comunidad de Madrid íbamos a quedarnos de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia. Una ley escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña», ha expresado Ayuso.
Aragón: la ley vulnera la independencia del poder judicial
También los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han presentado el recurso de inconstitucionalidad contra esta ley al entender que vulnera los principios de exclusividad e independencia del poder judicial y, por tanto, la separación de poderes, y los de igualdad, legalidad y seguridad jurídica.
El texto presentado por el Gobierno de Aragón considera que se produce «una quiebra total del Estado de Derecho», consagrado en el artículo 1 de la Constitución, «por vulneración del valor superior de la justicia y el principio de separación de poderes, de modo que se excluye del control judicial al poder político».
De acuerdo con el texto constitucional, añade el ejecutivo de Jorge Azcón, corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con independencia de los poderes legislativo y ejecutivo, itiéndose como única excepción el indulto individual.
Para el Gobierno de Aragón, la ley de amnistía infringe el principio de separación de poderes, «en cuanto supone la sustitución del poder judicial por el poder legislativo» y, de hecho, subraya que se ha tratado de justificar la necesidad de esta ley sobre la base de la conveniencia de «desjudicializar» la situación en Cataluña.
Incide además en que el hecho de que la Constitución no contemple expresamente la amnistía «supone que esta colisiona de manera irreconciliable con el derecho a la igualdad de todos, derecho subjetivo, que se torna en obligación de respeto y de garantía que la Carta Magna impone al legislador y a los poderes públicos».
El Parlamento cántabro se une
El Parlamento de Cantabria ha recurrido también la ley ante el Constitucional tras el acuerdo en ese sentido que aprobó la Cámara regional en junio a propuesta del PP, con el apoyo de Vox, la abstención del PRC y el voto en contra de los socialistas. Se une así al Gobierno regional de la popular María José Sáenz de Buruaga, que avanzó su decisión hace unos días.
La presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, ha explicado en rueda de prensa que el recurso se presentó el viernes y es el segundo que interpone la Cámara autonómica en toda su historia, lo que considera «un signo de su excepcionalidad y trascendencia».
El recurso anterior se presentó en 1992 contra la ley de protección de las marismas de Santoña.
Lo argumentos del Parlamento para recurrir son la vulneración del principio de igualdad entre los españoles. En su opinión, con esta ley «se libera de responsabilidad política a delincuentes por su ideología», eximiéndoles de cumplir la ley.
La Cámara regional esgrime también en su recurso que la amnistía no puede ser aprobada por ley orgánica y no está reconocida en la Constitución como una potestad excepcional.
Los argumentos de Andalucía
Ha sido el presidente de la Junta andaluza quien ha anunciado el recurso. En Lucena (Córdoba), Juanma Moreno ha dicho que la ley de amnistía es «un atropello ante un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado».
Además del recurso y de las recusaciones de los tres magistrados citados, ha asegurado que Andalucía va a utilizar «todos los recursos» a su alcance para que ningún ciudadano sea más que otro, independientemente de dónde nazca.
Son argumentos en la misma línea que los esgrimidos por las demás comunidades autónomas que gobierna el PP, en cumplimiento de la estrategia orquestada con la dirección nacional del PP.
Y los de García-Page
A la acción coordinada, y a la espera de conocer los motivos que plantea el Govern valenciano de Mazón, se ha unido una autonomía que gobierna el PSOE.
García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha dejado clara en varias ocasiones su oposición a la norma aprobada en el Parlamento. Su Ejecutivo avanzó que la recurriría en cuanto se abriera el plazo. Eso ha hecho este lunes.
El Consejo de Gobierno, de hecho, adoptó esa decisión tras estudiar el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que determina que la Ley de Amnistía no tiene cabida en la Constitución y, además, plantea que su aprobación habría requerido de una reforma constitucional.
El dictamen también señala que esta Ley vulnera el principio de igualdad amparado en el artículo 14 de la Constitución y los principios de interdicción de la arbitrariedad.
Murcia: infracción del derecho de la UE
El Gobierno murciano de Fernando López Miras, por su parte, destaca que la ley afecta al modelo constitucional del Estado y a sus principios, y prevé la exoneración de la responsabilidad contable y la eliminación del efecto restitutorio, lo que implica un menoscabo de las finanzas públicas.
Según el recurso, la amnistía no tiene amparo en la Constitución, que prohíbe expresamente los indultos generales.
El Gobierno de la Región de Murcia cree que la ley infringe el más elemental principio de justicia, pues las mismas fuerzas políticas en las que estaban integrados los beneficiados por la amnistía no solo no han manifestado arrepentimiento, sino que manifiestamente estén dispuestos a cometerlos de nuevo.
