Madrid (EFE).- El ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares ha declarado ante el juez del caso Koldo que la elección de la empresa a la que se contrató para el suministro de mascarillas en plena pandemia vino del Ministerio de Transportes, y ha aludido a la situación de urgencia del momento.
Sánchez Manzanares fue el primer cargo relacionado con esta causa cesado por el Gobierno y ha sido el primer investigado en declarar en la ronda de declaraciones programada esta semana y la que viene por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye el procedimiento.
Estaba previsto que también compareciera el ex director general de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda, si bien su declaración se ha pospuesto a la semana que viene.
Los interlocutores eran Koldo García y Víctor de Aldama
El ex secretario general de Puertos del Estado ha explicado que la elección de Soluciones de Gestión como adjudicataria de un contrato de mascarillas vino de «sus superiores jerárquicos» y del Ministerio, y ha destacado el papel que jugó Koldo García, exasesor del entonces ministro, José Luis Ábalos, en las conversaciones para la adjudicación, según informan a EFE fuentes jurídicas.
Los interlocutores, de acuerdo con las fuentes, eran Koldo García, a quien conoció en aquella época en la que asesoró a Ábalos y también por haber sido vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado, y el considerado como uno de los principales comisionistas, Víctor de Aldama.
Al primero, con quien ha dicho que tenía una relación cordial, se ha referido como una persona de confianza de Ábalos, a quien no ha citado expresamente en su declaración.
Sánchez Manzanares ha aludido a la orden ministerial para adquirir material sanitario, y se ha referido a que por encima del Ministerio estaba el Consejo de Ministros, según las fuentes consultadas.
La Fiscalía Anticorrupción ve «un concierto previo»
Puertos del Estado, institución dependiente de Transportes, fue el primer ente público que concedió una adjudicación a Soluciones de Gestión: el 21 de marzo de 2020 para el suministro de mascarillas por 20 millones de euros, el precio más alto de los contratos investigados.
La Fiscalía Anticorrupción recela de la contratación en tanto que la publicación de la orden fue el mismo día que se produjo la adjudicación, lo que «parece evidenciar un concierto previo» entre la empresa y la istración.
Según las fuentes, el investigado, que ha accedido a contestar a las preguntas de Anticorrupción y de su abogado, ha explicado que mostró sus recelos sobre esta empresa por su falta de experiencia, y también sobre otras, pero ha aludido a la situación de emergencia que se vivía aquellos días.
Sobre la contratación de la empresa de distribución de las mascarillas, Raminatrans, S.L, ha recordado que fue recomendada por el entonces presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, que comparece como testigo este viernes.
El juez rechaza citar como testigo al ministro Óscar Puente
El juez que investiga el conocido como caso Koldo, que gira en torno a la adjudicación de una serie de contratos públicos de suministro de mascarillas en plena pandemia, ha rechazado citar como testigo al actual ministro de Transportes, Óscar Puente.
En un auto dictado este miércoles, al que ha tenido EFE, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado la petición formulada por la acusación Liberum para que el titular de Transportes compareciese en calidad de testigo.
La relación de Óscar Puente con los hechos que se investigan, argumenta el juez, «se circunscribe a ordenar» una auditoría sobre el proceso de adjudicación por parte de Puertos del Estado y de ADIF de los contratos investigados, siendo en el momento de la contratación alcalde de Valladolid.
Tampoco ha aceptado la petición del exministro José Luis Ábalos de personarse en calidad de perjudicado en un procedimiento que tiene entre sus principales investigados a su exasesor en el Ministerio, Koldo García, como presunto intermediario a favor de la empresa de la trama para la adjudicación de contratos de mascarillas en 2020.
Ábalos se sirvió precisamente de la citada auditoría encargada por el actual ministro para solicitar su personación, al considerar que esta buscaba «exclusivamente» su responsabilidad al poner el foco «de forma directa en su actuación para perjudicarle».
Recientemente, el juez rechazó, a petición de otra acusación -Iustitia Europa-, solicitar al Tribunal Supremo la imputación de Ábalos al considerar que «a día de la fecha no existen motivos bastantes» para que éste resultase investigado, «sin perjuicio de lo que pudiera resultar en un futuro».
