Madrid, 16 oct (EFE).- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha anunciado que continuará en su cargo tras ser imputado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz seguirá al frente de la institución, una vez que la Sala de lo Penal ha abierto una causa penal después de que González Amador, investigado por presunto fraude fiscal en un juzgado de Madrid, presentase una demanda en el Tribunal Superior de Justicia por la difusión de datos a medios de comunicación sobre su procedimiento, cuya responsabilidad asumió el fiscal general.
«En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como Fiscal General del Estado», ha dicho García Ortiz en un comunicado.
Pese a ser «consciente de la repercusión pública de la noticia» y itir que esto afectará a los fiscales de nuestro país, defiende que es «la ponderación de estas circunstancias» lo que le persuade para seguir ejerciendo plenamente su atribuciones legales, «con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho».
Convocados la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal
De esta forma, ha convocado para mañana a las 09.30 horas a la Junta de Fiscales de Sala y a las 16.00 horas al Consejo Fiscal «a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos».
García Ortiz explica que la apertura de un procedimiento por el Supremo «impone la máxima prudencia» en su pronunciamiento como fiscal general «a fin de evitar que puedan interpretarse como una interferencia o una influencia a los magistrados».
Sin embargo, destaca que «la atribución de la condición de investigado al fiscal general es inédita en nuestro país y obliga a realizar una profunda reflexión, sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar» en la futura actuación del Ministerio Fiscal y en la Justicia española.
En su opinión, descarta que se trate de un asunto particular, sino que se encuadra en el ámbito de las competencias que la Constitución y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encomienda a este órgano de relevancia constitucional.
Su «derecho de defensa»
Recuerda que la ley atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, «más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes».
Lejos de dimitir, subraya que su condición de investigado le «permitirá que pueda ejercitar plenamente» su «derecho de defensa», toda vez que «la investigación judicial se ha desarrollado hasta la fecha sin que haya podido hacerlo».
Investigada también la fiscal jefa provincial de Madrid
El Supremo también ha declarado su competencia para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota.
Aunque no tiene la condición de aforada, el auto explica que ambos comportamientos -el del fiscal general y el de ella- guardan una conexión inescindible que impide la incoación de causas separadas.
La demanda de González Amador
El empresario González Amador, investigado por presunto fraude fiscal en un juzgado de Madrid, presentó una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra dos fiscales por la difusión de datos a medios de comunicación sobre su procedimiento.
Tras investigarlo y asumir García Ortiz su responsabilidad, el TSJM envió la causa al Supremo por si había indicios contra él y ahora, en contra del criterio de la número 2 del Ministerio Público, acuerda la apertura de una investigación penal contra el fiscal general, según consta en un auto al que ha tenido EFE.
