Madrid (EFE).- La Mesa del Congreso ha decidido este martes aplazar su decisión sobre la isión a trámite de la proposición no de ley de Junts que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza, porque es una cuestión que, por su naturaleza, puede generar doctrina.
Fuentes de la Mesa han explicado que la iniciativa de Junts, presentada el pasado 11 de diciembre, conlleva «mucha carga jurídica» y por tanto puede sentar un precedente de cara al funcionamiento futuro de la Cámara baja.
De este modo, han decidido estudiarlo con más detenimiento, lo que ya será en el próximo periodo de sesiones, que se abrirá en febrero del próximo año y la propuesta, de ser itida por la Mesa en una nueva reunión, se debatiría ese mismo mes o incluso en marzo, en función del cupo que tiene cada grupo parlamentario para que se debatan sus iniciativas en el Congreso.
El Gobierno recuerda que solo Sánchez puede plantearla
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha subrayado que presentar una cuestión de confianza que exige Junts es una prerrogativa del jefe del Ejecutivo y ha insistido en que las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición consideran que «no ha lugar» a plantearla.
Sobre todo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, porque los datos de creación de empleo y las previsiones de crecimiento económico demuestran que el proyecto que están desplegando «está funcionando y es positivo» para el país.
Junto a Alegría, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Féliz Bolaños, ha recalcado que la cuestión de confianza está regulada en la Constitución, que establece que únicamente la puede presentar el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros.
A propuesta de la izquierda
El acuerdo se ha adoptado a instancias de la parte progresista de la Mesa del Congreso, formada por PSOE y Sumar, que considera que la propuesta «tiene jurídicamente muchas opciones» y desde el punto de vista técnico requiere un estudio más profundo.
Así lo ha demandado el secretario primero de la Mesa y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, quien ha considerado que la iniciativa precisa un «debate sereno», mientras que el vicepresidente segundo, el popular José Antonio Bermúdez de Castro, ha entendido que no hay «ningún argumento de peso» que permitiera oponerse a su calificación.
Finalmente se ha impuesto la mayoría progresista de la Mesa que ha tenido en cuenta el informe emitido este lunes por los servicios jurídicos del Congreso que no ponía trabas a su calificación, pero advertía al mismo tiempo de que el mecanismo promovido por los de Carles Puigdemont podría constituir «una moción de censura encubierta».
De acuerdo con el informe de los letrados, de aprobarse la iniciativa «carecerá de impacto jurídico» y su valor será por tanto «puramente político». No obligará a Pedro Sánchez a plantear la cuestión de confianza dado que esa competencia es exclusiva del propio presidente del Gobierno, a diferencia de la moción de censura que es potestad de los grupos parlamentarios.
Aunque la Mesa tenía la posibilidad de pedir a Junts que reformulara la proposición no de ley, ha decidido estudiarla en su próxima reunión tal y como fue registrada. Tampoco ha solicitado al departamento jurídico de la Cámara informes adicionales.
La Mesa está presidida por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y cuenta con tres representantes del grupo socialista, que sumados a otros dos de Sumar conforman mayorías frente a los cuatro representantes con que cuenta el grupo popular.
EL PP respalda a Junts
Por el PP, Borja Sémper ha expresado su respaldo a que el Congreso debata la proposición no de ley de Junts.
«Es un debate necesario», ha señalado el portavoz del PP durante el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum que ha protagonizado en Madrid. Ha señalado que su partido preferiría que el jefe del Ejecutivo hubiera disuelto las Cámaras y dado la palabra a los españoles en unas nuevas elecciones.
Al ser preguntado sobre si el PP respalda que esta iniciativa se debata, algo que debe decidir la Mesa del Congreso, Sémper ha afeado que se discuta la idoneidad de una iniciativa que cuenta con el visto bueno de los letrados y que su tramitación quede al «albur de una decisión política» de quienes ostentan el poder.
