Madrid (EFE).- El Congreso ha concedido en la última década los cuatro suplicatorios que le pidió el Tribunal Supremo para poder investigar y juzgar a cuatro diputados y todos acabaron condenados, aunque uno, Alberto Rodríguez (Podemos), recibió después el amparo del Tribunal Constitucional.
Será ya en 2025 cuando la Cámara Baja vote, y previsiblemente apruebe, el suplicatorio solicitado este miércoles para investigar al exministro de Transportes y diputado por Valencia José Luis Ábalos, en cuya actuación el alto tribunal aprecia indicios «bastantes» de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en el denominado caso Koldo.
Desde 1979, inicio de la primera legislatura, el Congreso ha tramitado alrededor de una cincuentena de peticiones del Supremo para levantar la inmunidad de diputados y ha accedido en alrededor del 70 % de los casos, aunque desde la década de los noventa no se rechaza ninguna.
Casero, Rodríguez, Borràs y Homs
El último suplicatorio concedido, en 2022, fue el del diputado del PP Alberto Casero, que acabó siendo condenado a un año y nueve meses de prisión y seis de inhabilitación por prevaricación y malversación en su etapa de alcalde de Trujillo (Cáceres).
En 2020 se aprobó el suplicatorio para investigar al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, que fue condenado a un mes y quince días de prisión -sustituidos después por una multa- por un delito de atentado a agentes de la autoridad y perdió el escaño, aunque después fue amparado por el Constitucional.
El mismo año se aprobó levantar la inmunidad de la entonces líder de Junts, Laura Borràs, que acabó condenada a 4 años y medio de cárcel y 9 de inhabilitación por adjudicar contratos a dedo.
En 2016 se concedió también el suplicatorio para juzgar al exconseller catalán de Presidencia y diputado de PDeCAT sc Homs, que fue condenado a un año y un mes de inhabilitación por desobediencia grave al Constitucional en la consulta del 9-N de 2014.
Los suplicatorios de Viera y de Baltar
El Supremo pidió también en 2015 el suplicatorio para el diputado José Antonio Viera, que había pasado del grupo socialista al mixto tras ser implicado en el caso de los ERE falsos de Andalucía.
Cuando el Congreso estaba a punto de concederlo, Viera renunció a su acta de diputado y perdió la condición de aforado «para tener una mayor libertad de actuación» en su defensa, alegó. Acabó siendo condenado a siete años de prisión por malversación y prevaricación.
El último suplicatorio concedido por el Senado fue el del senador del PP José Manuel Baltar Blanco, que será juzgado el próximo 13 de enero en el Supremo por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir a 215 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120.
