Daniela Alias Fernández
Madrid (EFE).- El acuerdo entre el Gobierno y Junts firmado este martes recoge parte de las medidas incluidas en el decreto Ómnibus que fue rechazado la pasada semana en el Congreso de los Diputados, con los votos en contra del PP, Vox y de la formación catalana.
De las 80 medidas que contenía el decreto inicial, solo 29 han sido aprobadas. Entre ellas, destaca la subida de las pensiones, la prórroga del escudo antiopas hasta 2026 y ayudas para afectados por la DANA y La Palma. También se mantienen los descuentos en transporte público y la protección contra desahucios hasta finales de año.
Quedaron fuera la actualización de las entregas a cuenta para las autonomías, cambios en el IRPF y ayudas a empresas electrointensivas, entre otras, que se discutirán más adelante.
El decreto ha entrado en vigor tras su publicación en el BOE, pero deberá ser convalidado en el Congreso en el plazo de un mes.
Estas son todas las medidas se han aprobado y las que se han quedado fuera del decreto aprobado finalmente:
Medidas que sí se han aprobado
Revaloración de las pensiones
El Gobierno ha aprobado una subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas del 2,8 % en 2025, correspondiente al IPC de 2024. Esto supone un incremento de en torno a 600 euros al año para la pensión media de jubilación y de 500 euros para la pensión media del sistema (de invalidez o viudedad, entre otras).
A su vez, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) subirán un 9 %, de tal manera que si si la renta garantizada para familias no monoparentales en 2024 era de 7.250,52 euros, en 2025 será de 7.905,72 euros.
También aumentarán las pensiones mínimas cerca de un 6 % y las pensiones con conyugue a cargo y de viudedad con cargas familiares un 9,1 %.
Al aumentarse las pensiones, también se ha actualizado la base máxima de cotización al sistema de la Seguridad Social.
Bonificaciones de transporte
Se han prorrogado las ayudas para adquirir abonos y títulos de transporte urbano, que serán gratuitos para los niños de hasta 6 años de edad.
Los jóvenes de edades comprendidas entre los 7 y los 26 años contarán con un 50 % de reducción. El resto de la población (aquellos que no sean beneficiarios directos de otras ayudas como la de discapacidad o la de familia numerosa), pagará un 20 % menos en los títulos multiviaje, siempre que la istración (el gobierno local o autonómico), subvencione al menos un 20% de la tarifa
Ayudas por la DANA y a los afectados del volcán de la Palma
Se incluyen ayudas a los municipios, hogares y empresas afectados por la DANA y las ayudas a los afectados por la erupción del volcán en la isla canaria de La Palma.
En ese paquete de medidas, se prevé reparar los daños ocasionados en el barranco del Poyo, en Valencia, por un importe máximo de 26 millones de euros, y las carreteras del Estado en esa provincia, con un importe de 78,5 millones de euros.
También se incluyen ayudas económicas y facilidades para la reconstrucción de los daños causados por el volcán de La Palma.
Prohibición de interrumpir los suministros básicos
El nuevo decreto ley establece medidas para proteger a los consumidores vulnerables, garantizando el suministro de agua, luz y gas hasta el 31 de diciembre de 2025. Durante este período, se prohibirá cortar estos suministros básicos a este grupo de personas.
Moratoria de desahucio
En 2025, se suspenderán los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables que no tengan otro lugar donde vivir, debido al impago de la renta. Además, se ha ampliado hasta el 31 de enero de 2026 la posibilidad de que el arrendador o propietario solicite una compensación por el impago del alquiler.
Sistema público de avales y garantías
Como novedad, se ha incluido una medida que no figuraba en el decreto ley anterior: la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos.
El objetivo de esta iniciativa es facilitar el a viviendas, especialmente a los colectivos vulnerables como los menores de 35 años, al avalar la compra de domicilios y cubrir impagos de alquiler o posibles daños en la vivienda. Esto busca fomentar la oferta de viviendas en alquiler a precios asequibles.
Por otro lado, para los propietarios, se promueve una medida que asegura el cobro de las rentas y cubre posibles daños en la vivienda.
Escudo antiopas
El decreto extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 el llamado «escudo antiopas», que protege a las empresas de sectores estratégicos y de interés nacional de inversiones extranjeras dentro de la Unión Europea que puedan afectar a la seguridad, salud y orden público.
Esta norma permite bloquear la compra de participaciones mayores o iguales al 10 % en empresas cotizadas en España, así como en empresas no cotizadas si la inversión supera los 500 millones de euros.
Entrega del palacete de París al PNV
La entrega del edificio de París que ocupó el PNV en el exilio, y actual sede del Instituto Cervantes, es otra de las medidas incluidas en el acuerdo.
Desde hace casi 50 años, el PNV ha reclamado la devolución de un palacete, considerándolo una «reparación histórica». El partido sostiene que el edificio fue comprado en 1937 con fondos transferidos desde México durante su exilio.
Sin embargo, tras la llegada de Hitler, la Gestapo incautó el inmueble durante la ocupación nazi y lo entregó a la dictadura franquista, pasando a ser propiedad del Estado español.
85 años después, el PNV siguen reclamando su titularidad como parte de una reivindicación histórica.
Medidas que se quedan fuera
Deducciones por la eficiencia energética y Plan Moves III
Una de las medidas incluidas en el decreto ómnibus que se queda pendiente de aprobación es la deducción en el IRPF del 20, 40 o 60 % de las obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas. También se queda en el aire el Plan Moves III, que incluía, entre otras cosas, la deducción del 15 % en el IRPF de la compra de vehículos eléctricos y de puntos de recarga para los mismos.
Ayudas electrointensivas
El decreto ley también deja fuera las ayudas para la industria electrointensiva que se iban a prorrogar hasta final de año.
Esta medida tenía como objetivo apoyar a las empresas con un alto consumo de electricidad, especialmente en sectores industriales como el acero, el aluminio o la industria química, que dependen en gran medida de la energía para su producción.
La idea de la ayuda era reducir el impacto de los altos costes de la electricidad en estas industrias, permitiendo que las empresas mantuvieran su competitividad sin tener que aumentar los precios de sus productos debido al elevado coste energético.
Impuesto a la banca
Dentro de las medidas aprobadas no se incluye la corrección que estaba prevista para suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos.
Esta corrección permitiría a los bancos tener más flexibilidad para reflejar el impuesto en sus cuentas de manera gradual, lo que reduciría el impacto negativo inmediato que este tributo podría tener en sus balances y resultados financieros.
Entregas a cuenta Comunidades Autónomas
Las entregas a cuenta para mejorar la financiación de las Comunidades Autónomas es otro de los decretos ley que se quedan sin aprobación por parte del Congreso.
En términos generales, las entregas a cuenta son anticipos o pagos adelantados que el gobierno central realiza a las Comunidades autónomas para mejorar su liquidez. Así, se facilita su capacidad para hacer frente a sus compromisos y prestar los servicios públicos. Estas entregas suelen hacerse en función de los ingresos que se prevé que recibirá el gobierno central por impuestos. Es por esto que las Comunidades Autónomas pueden contar con esos recursos antes de que se complete todo el proceso fiscal del año.
Subvenciones a empresas sin balance
Además, el decreto deja fuera las medidas tributarias que permitirían otorgar subvenciones a empresas sin exigirles un balance previo.
El objetivo de esta medida era facilitar el a las ayudas a más empresas, asegurando que la recuperación económica sea más inclusiva. Esto beneficiaría especialmente para aquellas empresas que, aunque no tengan un balance previo al solicitar la subvención, podrían contribuir positivamente a la economía si reciben el apoyo necesario.
Ley de la Información
La modificación de la Ley de la Sociedad de la Información o del servicio postal también se ha excluido del texto aprobado.
La modificación tiene como objetivo principal modernizar la regulación, para mejorar la calidad de los servicios, fomentar la competencia y asegurar que los s están protegidos en un entorno digital cada vez más complejo.
Además, esta actualización legislativa busca equilibrar los intereses de los s, las empresas tecnológicas y los operadores postales, garantizando un marco legal adecuado para los nuevos tiempos sin dejar de ofrecer la accesibilidad y la protección necesarias.
