Madrid (EFE).- El Tribunal Constitucional ha itido a trámite los recursos del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva contra la decisión del Supremo de no aplicarles la amnistía.
El pleno del tribunal de garantías ha tomado esta decisión al apreciar que concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto planteado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales.
Un delito de malversación
Se trata de las primeras decisiones del TC ante las peticiones de amparo contra las decisiones de los tribunales de no aplicar el perdón a procesados y condenados por el ‘procés’.
El Supremo resolvió no amnistiar el delito de malversación por el que Junqueras, Romeva y Bassa fueron condenados al concluir que los líderes independentistas obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial con el ‘procés’ y que los gastos del 1-O habían causado un perjuicio a las finanzas europeas.
Los tres dirigentes de ERC siguen inhabilitados para ejercer cargo público y solicitan en sus escritos que esta pena se les suspenda de forma cautelar. Junqueras y Bassa cumplen 13 años de inhabilitación, hasta 2031, y Romeva 12 años, hasta 2030.
A este respecto, el Tribunal ha decidido abrir una pieza de medidas cautelares para oír a las partes y decidir si procede suspender la pena de inhabilitación, como han pedido.
La constitucionalidad de la amnistía
Al margen de este asunto concreto, el TC tiene sobre la mesa la decisión sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía.
Para ello ha constituido un grupo de trabajo de seis letrados, adscritos a magistrados progresistas, para apoyar a la nueva ponente del primer recurso de inconstitucionalidad, el del PP, que será la vicepresidenta, la progresista Inmaculada Montalbán, una vez que el tribunal ha apartado al magistrado conservador José María Macías, que era el ponente de este recurso, del debate de todos las impugnaciones vinculadas con la ley de amnistía.
Montalbán, designada conforme al turno preestablecido, quiere ponerse a trabajar de forma inmediata, para lo cual ha solicitado la creación de un grupo, que vaya preparando un primer borrador, que podría estar listo en dos meses, un plazo que algunos magistrados dentro del tribunal no comparten por verlo prematuro, si bien podría extenderse más tiempo en función de la dudas técnico jurídicas.
Todo ello con el horizonte de resolver el recurso antes del verano, explican a EFE fuentes del tribunal, que destacan que estos grupos son habituales cuando se trata de asuntos complejos, como es el caso.
Aunque la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Penal del Supremo se itió a trámite dos meses antes que la del PP, el tribunal ha acelerado la resolución de este recurso frente al del alto tribunal, cuyo ponente es el conservador Ricardo Enríquez, que puede presentar su borrador cuando estime oportuno.
