Catarroja (Valencia) (EFE).- El Gobierno va a reforzar el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) para que la magistrada encargada de investigar la gestión de la dana pueda dedicarse en exclusiva a ello, según ha anunciado este domingo la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.
Según ha precisado Morant, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha aceptado la petición que le hicieron el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), de la propia jueza que instruye la causa de la dana, y de la Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana, en una reciente reunión.
«Es un compromiso más del Gobierno por fortalecer todas las instituciones que tengan que atender esta tragedia», ha manifestado la ministra y líder de los socialistas valencianos en declaraciones a los periodistas tras visitar la falla Albufera, en el municipio de Catarroja.
Refuerzo
El refuerzo, ha añadido, permitirá la incorporación, en los próximos días, de un nuevo juez en este juzgado de instrucción, y la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3, «quedará completamente liberada única y exclusivamente para atender esta causa de la dana».
Morant la recordado que el pasado mes de noviembre el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes analizó con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la necesidad de reforzar el juzgado de Catarroja, con previsión a que no se desbordaran de trabajo «dada la situación en la que seguramente nos íbamos a enfrentar».
La ministra ha defendido que la Justicia es un servicio público y un derecho de la ciudadanía y compromiso del Gobierno de España «en un momento clave y muy importante, que es que todos los recursos necesarios para hacer una buena investigación y que se aclare todo lo que pasó».
«Hemos estado, estamos y estaremos hasta el final con todos los recursos que haga falta para que este pueblo salga de esta situación con dignidad», ha añadido.
«Se pudo hacer más y mejor»
«Hemos seguido muy de cerca todos los autos que ha ido presentando y que ha ido publicando la jueza en el que va quedando muy claro y que va quedando negro sobre blanco, que se pudo hacer más y se pudo hacer mejor», ha agregado.
A su juicio, «se pudieron tomar decisiones políticas que podrían haber salvado vidas» y «se pudo hacer más para alertar a la ciudadanía de lo que venía para que se protegiera».
La responsabilidad de proteger a la ciudadanía y la competencia de la Protección Civil «le pertenece por ley» a la Generalitat Valenciana, según establece el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
«De ahí que el partido que represento como Secretaria General, el PSPV, pida la dimisión de Mazón y pida una convocatoria electoral», ha añadido.
Morant considera asimismo que la ciudadanía tiene que pronunciarse en las urnas para «reconstruir las vidas» de las víctimas ante «una crisis de esta envergadura» y «conociendo la verdad que por fin le hace frente a tanta mentira, a tanta versión, a tantos cómplices de la mentira que al final han decidido estar del lado del máximo irresponsable», ha manifestado en referencia al president de la Generalitat, Carlos Mazón.
Competencia
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recordado que reforzar órganos judiciales como el juzgado de Catarroja (Valencia) es «competencia exclusiva» suya tras el anuncio realizado este domingo por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en el que atribuía esta medida al Gobierno.
Morant ha detallado que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha aceptado la petición realizada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la propia jueza que instruye la causa y la Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana, en una reciente reunión.
Sin embargo, desde el GJ han aclarado que la adopción de medidas de refuerzo en la titularidad de los órganos judiciales es competencia exclusiva del CGPJ, tal y como establece el artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Para la aprobación de esas medidas por parte del CGPJ es necesaria la autorización económica previa del Ministerio de Justicia, quien «únicamente podrá oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria», según el artículo 216 bis 5 LOPJ.
En este caso concreto, señalan, la medida de refuerzo fue solicitada por la Sala de Gobierno del TSJ de la Comunidad Valenciana y, una vez completados los trámites necesarios, que incluyen recabar informes del Servicio de Inspección y la autorización económica previa de Justicia, será estudiada por la Comisión Permanente del CGPJ el próximo martes.
