Madrid (EFE).- La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado en un auto la decisión del magistrado instructor de la causa por el proceso independentista, Pablo Llarena, de no aplicar la ley de amnistía al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont por el delito de malversación.
La resolución desestima los recursos de apelación contra el auto dictado por Llarena, que dispuso no aplicar la ley de amnistía a los investigados por el ‘procés’ por delito de malversación de caudales públicos.
El auto del instructor fue recurrido por la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal, la acusación ejercida por Vox y las representaciones procesales de Carlos Puigdemont y el exconseller catalán Antoni Comín.
También recurrió el exconseller Lluis Puig, si bien por error la Sala ha omitido su nombre, cuyo segundo apellido, Gordi, se lo ha llegado a adjudicar a Comín al final de la resolución, y por ello ha tenido que emitir un auto de aclaración.
Avala el criterio del juez Llarena
La Sala destaca que la decisión del instructor no contraviene la voluntad del legislador que introdujo en el trámite parlamentario una modificación en la ley y dispuso la inaplicación de la amnistía al delito de malversación cuando se hubiere actuado con un «propósito personal de carácter patrimonial», lo que obliga al tribunal a interpretar esa excepción.
Estima que el auto impugnado no contraviene la literalidad de la ley de amnistía porque el tenor literal de la misma «no dice, como argumentan los recurrentes, que solo puede entenderse como beneficio personal de carácter patrimonial el incremento tangible y directo del patrimonio del sujeto».
La Sala, refrendando el criterio del instructor, analiza el concepto normativo de «beneficio personal de carácter patrimonial» y considera que en él se ha de incluir tanto el incremento de los activos patrimoniales como el no detrimento del pasivo.
«Un sujeto se beneficia patrimonialmente cuando se incrementa su patrimonio pero también cuando su patrimonio no decrece porque sus obligaciones son asumidas ilícitamente por los fondos públicos», explica.
Un beneficio personal
En este caso para el tribunal, «los investigados se beneficiaron patrimonialmente en tanto que impulsaron personalmente el proyecto político ilegal y endosaron los gastos a la istración autonómica sin que esa iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público.
Señala que la decisión del instructor no es arbitraria ni extravagante pues «tiene sólido asidero en la interpretación de los términos literales de la norma conforme a criterios de normalidad lingüística, no es contraria a ningún valor o principio constitucional y no está en contradicción con la orientación material de la norma».
«Esta estableció una excepción singular para las personas investigadas por posibles delitos de malversación, cuyo concreto significado es el que se postula en la resolución impugnada, por más que no esté exento de dificultades», añade la Sala.
Y a juicio del tribunal la decisión del instructor «no lesiona el principio de legalidad porque lo que hace es precisar el contenido de la ley».
El Supremo considera improcedente plantear en relación con este delito una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y también descarta en este momento procesal plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Puigdemont: «Otra muestra más de la normalidad en Cataluña»
Tras conocerse la decisión del Supremo, Puigdemont ha asegurado que es «otra muestra más de la ‘normalidad’ que pregona el poder político en Cataluña».
«La sentencia del Tribunal Supremo de desestimar la aplicación de la Ley de Amnistía no es ninguna sorpresa, ni en el fondo ni en la forma. La decisión confirma la actitud de rebeldía contra el poder legislativo y la pataleta ante una ley que no les gusta, y que les lleva a retorcer la interpretación de un supuesto delito de malversación», ha apuntado en un mensaje en X.
Para Puigdemont, la decisión del Supremo sobre la amnistía es «otra muestra de la ‘normalidad’ que pregona el poder político y mediático en Cataluña», en una alusión velada al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
En su mensaje, Puigdemont ha agregado que «iban juntos a las manifestaciones que querían conseguir esto que el Tribunal Supremo está haciendo», en referencia a la participación de Illa en la manifestación contra la independencia de Cataluña convocada por Societat Civil Catalana (SCC) el 8 de octubre de 2017.
Illa pide «respeto» al poder legislativo
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aseguró en Milán que «respeta las decisiones judiciales», aunque insistió en que también deben respetarse las del poder legislativo.
«Respeto siempre las decisiones judiciales pero también pido respeto para las decisiones que en este caso tomó el poder legislativo, que fue la de aprobar una ley de amnistía», dijo Illa, que señaló que ésta debería «ser ya efectiva».
PP y Vox celebran el auto
Por su parte, la vicesecretaria de Educación y Salud del PP, Ester Muñoz, ha afirmado que con la decisión judicial ha quedado «acreditada y apuntalada» la «corrupción política» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado que espera que el Gobierno no tenga «la osadía» de acudir al Tribunal Constitucional para que «le limpien esto».
«No se puede amnistiar la malversación de caudales públicos, entre otras cosas, porque el derecho europeo lo impide y los tratados de la Unión Europea lo impiden», ha afirmado Muñoz.
Desde Vox, han celebrado que «la justicia siga siéndolo y que se castigue lo que fue calificado como un golpe de Estado», ha dicho su portavoz en el Congreso, Pepa Millán.
En su opinión, «Puigdemont tiene que estar entre rejas» y no puede ser que el Gobierno haya puesto el destino de la nación en manos de un «prófugo», que «es quien dicta las políticas».
