València (EFE).- La juez de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana del pasado 29 de octubre ha acordado citar como testigo, y no como investigado, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y a otras doce personas en esa misma condición.
Así lo recoge un auto facilitado este jueves por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), en el que la jueza responde a la petición de uno de los dos investigados en la causa, el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, de que se imputara a cuatro cargos públicos, entre ellos a Polo, y se citara a varios testigos.
Además, la jueza afirma que la «tesis de la ignorancia» que expuso Argüeso en su declaración judicial sobre la evolución de la emergencia es «dificílmente isible», pues además de los datos a su alcance podría «solicitar él mismo que se le informara».
El jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el día de la dana, José Miguel Basset; el director general de Emergencias, Alberto Javier Martín; el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; y las alcaldesas de Paiporta, Maribel Albalat, de Catarroja, Lorena Sirvent y el alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes, son otros de los citados como testigos.
Sin indicios de delito para imputar a Polo
La instructora afirma que «no concurren indicios de delito» que justifiquen la imputación del presidente de la CHJ y destaca que no se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat del Sistema Automático de Información Hidrológia (SAIH), ni de la posibilidad de al mismo.
Cuestiona que se quiera atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica y a «prácticamente todos los cargos, directivos o no, de dicho organismo», y señala que el organismo de cuenca envió correos electrónicos entre las 16:13 horas y las 18:43 horas sobre el caudal del barranco del Poyo y el SAIH proporcionaba información.
«No es isible en modo alguno que se desconozca por el secretario autonómico el SAIH ni la forma de a los datos. En el caso de que fuera así, dicha ignorancia sería parte de la negligencia que se le ha de atribuir en la gestión de una emergencia», advierte la jueza.
Además, señala que la provincia de Valencia estaba en emergencia por «un gravísimo riesgo de inundación» y recuerda que Argüeso envió un mensaje a las 14:44 horas en el que decía «los barrancos están a punto de colapsar», lo que «supone un conocimiento claro de que podían producirse desbordamientos, no sólo por la zona de Carlet, sino respecto del barranco del Poyo».
«Se olvida de manera reiterada que debe existir una conexión entre los fallecimientos, la posición de garante y la inactividad de quien ocupaba dicha posición», indica la jueza sobre la petición de Argüeso.
La jueza no investigará filtraciones
Por otro lado, la jueza ha rechazado investigar la filtración a la prensa de documentos del proceso pues «carecería de sentido» ya que «vulneraría gravemente derechos fundamentales y la libertad de prensa, uno de los pilares de un estado democrático».
Así lo afirma en un auto hecho público este jueves en respuesta a la petición del abogado de una de las dos imputadas en la causa, la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, de que investigara la filtración del listado de llamadas aportado y que en el futuro los documentos confidenciales se revisen en el juzgado o bien se pusiera una marca de agua si las partes necesitan copia para poder determinar el autor de una hipotética filtración.
La jueza recuerda además que existe una cuestión «de orden práctico» para rechazar esa investigación, como es el hecho de que el número de partes en el procedimiento, entre acusaciones particulares, populares e investigados es «altísimo y convierte en «en materialmente imposible que se averigüe por dicha vía el origen de la filtración» a lo que añade que «el presente procedimiento posee un alto interés público».
