Bruselas/Madrid/Barcelona/Tokio (EuroEFE).- Los países de la Unión Europea aplazaron este martes la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea, ante la falta de unanimidad entre los Veintisiete por las dudas legales, financieras y políticas, dijeron a EFE diversas fuentes diplomáticas.
Una decena de países pidieron expresamente que se retirase la votación del orden del día, tal como había pedido el Gobierno español; y Polonia, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE y le corresponde moderar los debates, decidió aplazar la cuestión para más adelante.
Entre los ministros que hablaron ante la prensa, solo Dinamarca y Eslovenia aseguraron que habrían votado a favor de la petición española, si se hubiese sometido a votación.
Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, insistió en que el proceso hacia la oficialidad es ya «irreversible«, y dijo que los únicos que tienen verdaderos reparos son los gobiernos de «siete» de los 27 Estados de la Unión Europea (UE).
Reticencias de Francia, países nórdicos y bálticos
La negativa proviene principalmente de los países nórdicos y los bálticos, que temen que se abra un precedente para que se reclame la oficialidad de otras lenguas minoritarias como el ruso o el turco.
También Francia recela, por las posibles demandas de corsos y bretones: su ministro delegado de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, dijo este martes que su país quiere «encontrar una solución, (…) pero se tiene que hacer con consenso y con el respeto del derecho y los textos europeos».
El ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakim Strand, apuntó por su parte que hay que tomarse «muy seriamente» las «dudas legales» que han expresado oralmente los servicios jurídicos del Consejo de la UE conforme a la adecuación de la cuestión con el artículo 55 del Tratado de Lisboa referente a las lenguas originarias en las que está redactado.
«Hoy espero que no tengamos que votar porque la cuestión no está madura«, apuntó Strand a su llegada al Consejo.
En la misma línea, la ministra sueca de Asuntos de la UE, Jessica Rosencrantz, aseguró que «Suecia y varios otros países han mostrado dudas» durante este proceso, sobre la evaluación jurídica y sobre la evaluación de los costes.
También la ministra de Austria para Europa, Claudia Plakolm, subrayó que «aún hay cuestiones legales y sobre los costes».
Chipre, que teme que la minoría turca pueda reclamar la oficialidad de su idioma, señaló que la petición de España «es una situación diferente, pero también es importante que no cree un precedente», en palabras de la viceministra de Asuntos Europeos chipriota, Marilena Raouna.
Dinamarca y Eslovenia, a favor
En cambio, el secretario de Estado de Asuntos Europeos de Eslovenia, Marko Stucin, dijo a su llegada a la reunión: «Si hay un voto, lo apoyaremos», como hizo también el Gobierno danés.
«Dinamarca no se opondrá para lograr un consenso sobre esta cuestión. Si hubiera un voto, votaríamos que sí«, manifestó, por contra, la ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre.
Cambios en la propuesta inicial
En las últimas semanas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez había intensificado los os con sus socios europeos e hizo cambios a su propuesta inicial -de agosto de 2023- para tratar de vencer las reticencias existentes entre los Veintisiete.
Así, España prevé que la traducción de la legislación de la UE a los tres idiomas se haga por fases, a partir de 2027, empezando primero por los reglamentos desde el año 2017 y dejando para más adelante el resto de decisiones, como las directivas comunitarias.
Se seguiría de este modo una lógica similar a la que se adoptó con el gaélico, que se convirtió en idioma oficial de la UE en 2007, dos años después de que lo solicitase Irlanda, aunque las leyes no se empezaron a traducir hasta 2015, por la falta de traductores disponibles.
España, además, insiste en que asumirá el coste que supondría traducir la legislación comunitaria al catalán, el euskera y el gallego, que según una estimación preliminar de la Comisión Europea, basada precisamente en la experiencia del gaélico, ascendería a los 132 millones de euros.
El Gobierno alega también que los tres idiomas están reconocidos como lenguas cooficiales en la Constitución española y que se pueden utilizar ya en las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el Senado, por lo que la UE debe aceptar su oficialidad, una demanda que el Ejecutivo elevó a Bruselas a petición del Junts per Catalunya.
Albares ve el proceso «irreversible»
Pese al resultado de la reunión, Albares se mostró optimista al considerar que el proceso iniciado para lograr la oficialidad es ya «irreversible», en declaraciones al canal 3/24 de la Televisió de Catalunya.
Recalcó que el reconocimiento de esta oficialidad es un compromiso «irrenunciable» del Gobierno español y avanzó que planeaba ar este mismo martes a los ministros de Asuntos Exteriores de estos siete países reticentes para intentar despejar sus dudas «financieras y jurídicas» a este respecto.
También aprovechó para hacer un llamamiento a «todos los partidos políticos españoles», especialmente al PP como principal partido de la oposición, a que «se sumen a este esfuerzo, que tiene que ser colectivo», para convencer a los gobiernos de los Estados que «todavía» no avalan la propuesta de oficialidad que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez.
Las reticencias de Feijóo
Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que defiende todos los idiomas de España, incluido el catalán, pero no tiene claro que sea legal aprobar en el Consejo de Asuntos Generales de la UE que sean oficiales, y que también tiene dudas sobre el coste económico para España.
En una rueda de prensa, Feijóo dijo que el informe técnico del consejo señala que se puede estar «ante un supuesto de ilegalidad» porque para poder hacer que el euskera, el gallego y el catalán sean idiomas oficiales en la UE sería necesaria una reforma de los tratados «para dar cabida a idiomas que no son oficiales en la totalidad de los Estados ».
Añadió que «hay bastantes consideraciones legales» en relación con los más de 40 idiomas que no son oficiales en el conjunto de los estados, como es el caso de las lenguas españolas, que no son oficiales en el conjunto, sino en las comunidades autónomas respectivas.
El lunes, el secretario general del PP de Cataluña, Santi Rodríguez, señaló que el PP había realizado llamadas para que otros países de la UE se opusieran a la propuesta, aunque Génova no ha confirmado que estos os se hayan producido.
Illa ve la oficialidad «más cerca»
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó este martes que el reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la UE «está más cerca», y criticó la postura de Feijóo, que tachó de «obstruccionista» y «difícil de explicar».
«La unanimidad de 27 países no es fácil de conseguir», itió Illa en declaraciones a la prensa durante su viaje a Japón, y ensalzó el carácter «profundamente europeísta» de Cataluña.
Illa expresó su «rotunda confianza» en que «pronto» las tres lenguas gozarán del estatuto de oficialidad en la UE, y también su «rotunda decepción» con el Partido Popular y con Feijóo, de quien dijo que «ha trabajado para que una lengua de una comunidad que ha presidido, el gallego, no sea oficial en Europa».
Avui no ha pogut ser, però el Govern d’Espanya i el Govern de Catalunya estem fent una feina perseverant per aconseguir l’oficialitat del català a l'EU.
— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) May 27, 2025
Amb la mateixa contundència vull expressar la meva profunda decepció amb el PP i el Sr. Feijóo per la seva actitud… pic.twitter.com/mK5reDccT0
Mientras, el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, acusó al PP de «conspirar con terceros países para ir contra los intereses oficiales del Reino de España», tras quedar aplazada la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE.
En un mensaje en la red social X, Puigdemont se preguntó si el PP «hace apología de la desobediencia, de la rebelión… o del delito de traición».
El Gobierno no teme el enfado de Junts
En paralelo, fuentes del Ejecutivo afirmaron que no temen el enfado de Junts, un partido clave para sacar adelante algunas de sus medidas en el Congreso de los diputados español, porque ese partido sabe el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez en esta iniciativa.
Las mismas fuentes denunciaron que el PP hizo gestiones durante el fin de semana para evitar que prosperara la propuesta, y recordaron que hay bastantes países europeos en los que gobiernan formaciones integradas en el Partido Popular Europeo.
Y desmintieron una información del ‘Financial Times’ que indicaba que Madrid había presionado a los países bálticos para que apoyaran la propuesta, bajo la amenaza de retirar a los militares españoles desplegados en misiones internacionales en el este.
